Mes octubre 2026

¿Qué sucedió en la semana, eh?

Una semana más, una semana menos en Argentina. El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para hablar bien de Israel y en contra del Socialismo; el Gobierno libertario restituyó la vigencia de la Ley de Tierras y desarticuló la sesión opositora en el Congreso para voltear el DNU 70/23; se desarrolló la Quinta Marcha Federal Universitaria pero terminó con represión; algunos periodistas le echaban la culpa a los manifestantes diciendo que eran terroristas y que querían hacer un Golpe de Estado, pero otros criticaban el operativo de la Policía; en la marcha detuvieron a 31 personas pero las tuvieron que dejar libres porque ningunohabía participado de los desmanes; sigue la interna peronista con Kicillof contra Cristina Kirchner; el abogado de Cristina dijo que si la ONU falla a su favor espera que la Justicia Argentina acate y confirmó que la ex presidenta puede presentarse en las PASO; Milei demintió que esté por despedir al ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo y la inflación volvió a subir en septiembre, pero en el Gobierno igual salieron a festejar.

Los protagonistas de la semana fueron Javier Milei, Luis Caputo, la Marcha Federal Universitaria, Lilia Lemoine, la represión, los manifestantes/terroristas, la inflación, Cristina Kirchner y sus abogados, Axel Kicillof, Videla, Feinmann y muchos más.

China: Cómo poner las finanzas al servicio del trabajo largo … e incierto

El concepto de «capital paciente», analizado por Siyuan Liu en Monthly Review, apunta a una contradicción central del capitalismo: la producción necesita tiempo, pero las finanzas exigen beneficios rápidos. Desarrollar semiconductores, investigar medicamentos, construir redes eléctricas o transformar la matriz energética requiere inversiones de largo plazo que la especulación privada no siempre está dispuesta a sostener.

La experiencia china propone otra relación entre inversión y desarrollo. La propiedad pública, la planificación estratégica y los fondos estatales pueden orientar recursos hacia objetivos productivos que exceden el rendimiento financiero inmediato. La cuestión no es convencer a los capitalistas de que tengan paciencia, sino construir instituciones capaces de subordinar las finanzas a prioridades colectivas.

Pero la perspectiva marxista exige ir más allá de la eficiencia económica. Quién controla la inversión, quién decide qué producir y quién se apropia de los resultados son preguntas tan importantes como cuánto se produce. El financiamiento público de una innovación pierde su potencial emancipador si los riesgos recaen sobre la sociedad y las ganancias terminan concentradas en empresas privadas.

Por eso, el capital paciente no es sinónimo automático de socialismo. Un horizonte de inversión más largo no elimina la explotación laboral, los conflictos distributivos ni la subordinación de la naturaleza a la acumulación. Su carácter transformador depende de que la riqueza generada fortalezca a los trabajadores y satisfaga necesidades sociales, en lugar de reproducir privilegios.

La lección para América Latina es relevante. Frente a economías dependientes de las exportaciones primarias, la fuga de capitales y la valorización financiera, la planificación de largo plazo podría contribuir a diversificar la producción, desarrollar capacidades tecnológicas y ampliar la soberanía económica. Pero eso requiere capacidad estatal, control democrático y una disputa efectiva por la distribución del excedente.

La pregunta decisiva, entonces, no es si el capital puede esperar, sino quién tiene el poder de hacerlo esperar y para beneficio de quién.

La sociedad debe invertir tiempo en el conocimiento, la infraestructura y el desarrollo humano. No debe resignarse a esperar frente a la pobreza, la explotación y los monopolios. El capital debe aprender a esperar; los pueblos ya han esperado demasiado.

Súper pibe

Perón no inventó a la clase trabajadora ni le regaló sus derechos. Su liderazgo fue posible porque los trabajadores irrumpieron como fuerza social y política, desafiando los privilegios de las clases dominantes.

La infancia de Juan Domingo Perón y su contacto con el mundo rural ayudan a comprender su formación. Pero el nacimiento del peronismo no se explica por la biografía de un hombre, sino por una transformación histórica: la industrialización, las migraciones internas y la emergencia de una clase trabajadora que ya no aceptaba vivir sin derechos ni representación política.

El Estatuto del Peón, el aguinaldo y las vacaciones pagas modificaron las relaciones entre capital y trabajo. No fueron concesiones gratuitas: expresaron una nueva correlación de fuerzas, en la que los trabajadores conquistaron derechos y obligaron al Estado a intervenir en un orden social organizado alrededor de los intereses patronales.

Perón fortaleció a los sindicatos y reconoció a los trabajadores como sujetos políticos, mientras procuraba contener el conflicto social dentro de un proyecto de conciliación de clases. Los trabajadores avanzaron en derechos y participación, pero no se abolió el poder económico de los propietarios.

La clave histórica no es lo que Perón concedió, sino lo que los trabajadores conquistaron y la fuerza social que fueron capaces de construir.

Recordar a aquel pibe llamado Perón significa, entonces, reconocer a los hombres y mujeres que con la lealtad como andamiaje estructural, hicieron posible su liderazgo y finalmente comprender que ninguna conquista popular es irreversible cuando cambia la relación de fuerzas.

Porque el peronismo nació cuando los trabajadores dejaron de ser mano de obra subordinada y se convirtieron en protagonistas de la política argentina.

¡Lula Lá!

La dificultad de Lula no es solamente electoral. Es la expresión de una contradicción más profunda: un progresismo que consiguió mejoras económicas y sociales, pero que no logró transformar suficientemente las condiciones materiales de vida ni disputar la hegemonía cultural a la derecha.

El crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza no garantizan por sí solos el apoyo popular. Cuando los salarios se consumen en deudas, alquileres y servicios privados, el empleo deja de ser sinónimo de bienestar. La experiencia cotidiana puede contradecir los indicadores positivos del gobierno.

En ese terreno avanza la extrema derecha. Su eficacia consiste en apropiarse del malestar social, ofrecer explicaciones simples a problemas complejos y presentar como rebeldía un programa económico que beneficia a los sectores concentrados del capital. La meritocracia transforma problemas colectivos en fracasos individuales; el conservadurismo cultural identifica enemigos y desplaza el conflicto desde las relaciones de clase hacia las disputas identitarias.

El problema del progresismo es que, cuando acepta los límites de la austeridad fiscal y la ortodoxia económica, termina administrando restricciones que afectan a sus propias bases sociales. Las mejoras parciales pierden fuerza política si no se traducen en seguridad material, derechos duraderos y expectativas de futuro.

La batalla tampoco se libra únicamente en las urnas. La derecha construye comunidades, referentes y sentidos comunes a través de las redes digitales y de una presencia territorial persistente. No alcanza con exhibir resultados de gestión: es necesario disputar cómo se interpreta la realidad y quiénes son responsables de sus injusticias.

La lección de Lula para América Latina es contundente: cuando la izquierda administra lo posible sin ampliar sus límites, la derecha puede apropiarse del deseo de cambio. La respuesta no es abandonar las reformas sociales ni imitar la agenda conservadora, sino confrontar los intereses económicos que bloquean las transformaciones.

Salarios dignos, servicios públicos de calidad, protección frente al endeudamiento y derechos colectivos deben convertirse en una experiencia concreta de mejora de la vida.

El desafío es transformar el malestar en organización popular y esperanza política. Porque no basta con demostrar que el ajuste perjudica a las mayorías: hay que construir una alternativa capaz de cambiar las condiciones que reproducen ese malestar.

"Lula Lá" (cuyo título original es "Sem medo de ser feliz") es una consigna y un jingle creado para la campaña presidencial de Brasil de 1989, lo sabemos, pero nada la ha superado como visión ni como deseo colectivo. No es casual.

La democracia secuestrada: cuando los poderes deciden por y contra el pueblo

La democracia no siempre se destruye mediante golpes de Estado: también se vacía cuando las corporaciones controlan la circulación de información, las potencias extranjeras condicionan elecciones y los tribunales excluyen dirigentes de la competencia política. De Meta a las presiones de Trump en Honduras, de las controversias electorales en Colombia y Bolivia a la intervención en Venezuela y la proscripción de Cristina Kirchner, seis casos revelan una amenaza común: la voluntad popular subordinada a poderes económicos, judiciales y geopolíticos que nadie eligió. Detrás de estas intervenciones hay intereses materiales concretos y disputas por el control del Estado, los recursos y el rumbo de las sociedades. Defender la democracia exige que ningún poder esté por encima de la soberanía popular. Por eso, Cristina Libre no es solo una consigna política: es una defensa del derecho del pueblo a elegir sin proscripciones.

Ajuste y desigualdad ante la muerte

A falta de estadísticas oficiales del INDEC desglosadas por ingresos, la demografía social en la Argentina demuestra, a través del nivel educativo y la segregación territorial, que la esperanza de vida está fuertemente condicionada por el estrato socioeconómico. Mientras las poblaciones de mayor instrucción y mejor localización urbana superan los 80 años de expectativa, los sectores vulnerables registran hasta siete años menos de longevidad, penalizados por diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas, precariedad habitacional y barreras en el acceso a la salud. Al respecto, el dato más contundente del ajuste en salud es el del Plan Remediar con una caída del 72 % del presupuesto real entre 2023 y 2026, junto con la reducción de los tratamientos distribuidos. En todos los planes se redujeron de manera sustancial los recursos nacionales destinados a garantizar su acceso gratuito.

Los algoritmos también tienen dueño: las Big Tech contra la democracia

Las grandes corporaciones tecnológicas presentan la inteligencia artificial como innovación neutral, pero sus algoritmos reproducen discriminaciones, concentran riqueza y condicionan el debate público. El problema no es solamente tecnológico: es político y de clase.

La inteligencia artificial no funciona en el vacío. Detrás de cada algoritmo hay empresas, intereses económicos y decisiones sobre qué información circula, qué conductas se premian y qué sectores sociales quedan expuestos a la discriminación. El artículo de Tarcizio Silva en *Jacobin Brasil* muestra que la supuesta neutralidad tecnológica encubre relaciones de poder.

La investigación de Joy Buolamwini sobre los sistemas de reconocimiento facial expuso errores y sesgos discriminatorios en tecnologías desarrolladas por grandes corporaciones. El problema no se limita a fallas técnicas: cuando estos sistemas intervienen en la seguridad pública, el acceso al crédito o la selección de personas, los prejuicios sociales pueden convertirse en decisiones automatizadas con consecuencias concretas.

Pero hay algo más. Las Big Tech no solo acumulan datos y ganancias: también presionan a los Estados para limitar las regulaciones que podrían someterlas al control democrático. Silva describe cómo, en Brasil, el lobby empresarial debilitó los intentos de regular las plataformas y la inteligencia artificial, restringiendo la transparencia y la participación de los sectores afectados.

La administración de Donald Trump profundiza esa tendencia al desmontar políticas antidiscriminatorias y favorecer los intereses de las grandes empresas tecnológicas. La alianza entre capital corporativo y poder político muestra que la expansión de la inteligencia artificial no es un proceso inevitable ni ajeno a las disputas sociales: responde a decisiones concretas sobre quién controla la tecnología y para qué se utiliza.

Desde una perspectiva de clase, la contradicción es evidente: mientras las corporaciones privatizan las ganancias derivadas de los datos y la automatización, los costos de sus errores y discriminaciones recaen sobre trabajadores y sectores históricamente marginados. La sociedad produce información y conocimiento, pero una minoría empresarial concentra la infraestructura y el beneficio económico.

**Desenmascarar los algoritmos significa, por lo tanto, discutir quién los diseña, quién los controla y quién se beneficia de ellos.** Las auditorías independientes, la transparencia, la regulación pública y la participación social son herramientas indispensables, aunque insuficientes si no se cuestiona la concentración de la propiedad tecnológica.

La democracia no puede quedar subordinada a empresas cuyo principal compromiso es con sus accionistas. La inteligencia artificial debe estar sometida a derechos colectivos y controles públicos, no al privilegio de quienes poseen los servidores, los datos y los recursos para imponer sus reglas.

El desafío no consiste en rechazar toda innovación, sino en impedir que la innovación se convierta en una nueva forma de dominación. Porque los algoritmos no tienen voluntad propia: expresan decisiones humanas, intereses materiales y relaciones de fuerza. Y mientras esas relaciones permanezcan bajo el control de las grandes corporaciones, la promesa de progreso tecnológico convivirá con la reproducción automatizada de las desigualdades.

Basada en el artículo de Tarcizio Silva, «Cómo “desenmascarar” los algoritmos de las grandes tecnológicas», publicado en Jacobin Brasil.

Ajuste, Deuda y Fuga

El informe de coyuntura Nº 50 de CIFRA expone las contradicciones del programa económico libertario: retroceden la inversión y el empleo asalariado, caen los salarios reales, crecen las importaciones y se acelera la salida de divisas.

La publicitada estabilización no elimina los desequilibrios estructurales: los reorganiza mediante una transferencia de ingresos y recursos que beneficia a determinados sectores del capital, mientras los costos recaen sobre los trabajadores y la producción nacional

La injerencia que Occidente no quiere ver: Israel, Washington y el poder de los multimillonarios

La crítica de Cook permite formular una pregunta decisiva: ¿qué valor tiene la soberanía popular si los ciudadanos pueden votar, pero las alternativas electorales están condicionadas por el dinero, las campañas mediáticas, las presiones de gobiernos extranjeros y la capacidad de las plataformas digitales para ordenar la circulación de ideas?
Esto no significa que todas las denuncias de injerencia sean equivalentes ni que deban aceptarse sin pruebas. Las acusaciones específicas de Cook requieren contrastación independiente. Su argumento estructural, sin embargo, plantea un problema legítimo: la defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la vigilancia de la injerencia extranjera depende de quién sea el país que interviene y de los intereses que esa intervención protege.
En ese sentido, el artículo de Jonathan Cook es una crítica tanto de la política exterior británica como de los límites de una democracia subordinada a intereses económicos y estratégicos que los votantes no controlan plenamente.

La democracia intervenida: Algoritmos, elecciones e imperialismo en América Latina

La denuncia de Lula ante la OEA por presuntas restricciones electorales de Meta no es un episodio aislado. Honduras, Colombia, Bolivia y Venezuela muestran, con diferencias importantes entre cada caso, que la disputa por la democracia latinoamericana también se libra en las plataformas digitales, los organismos internacionales y las decisiones de las potencias. La pregunta de fondo es quién controla las condiciones en las que los pueblos eligen y qué intereses económicos y geopolíticos se juegan detrás de esa disputa.

Universidad pública: ajustar el conocimiento, disciplinar el trabajo

El Presupuesto 2027 consolida el ajuste sobre las universidades públicas y los salarios docentes, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la reasignación de recursos en favor de los sectores económicos que se benefician de su programa: acreedores del Estado, capital financiero y grandes grupos empresarios favorecidos por la reducción de cargas, los incentivos fiscales y la desregulación. El costo recae sobre los trabajadores universitarios y los sectores populares, que dependen de la educación pública para ampliar sus oportunidades. No es una consecuencia inevitable de las cuentas públicas, sino una decisión sobre quién paga y quién gana. Detrás del recorte se disputa también el acceso al conocimiento, la capacidad científica nacional y el papel de la universidad en una sociedad atravesada por la desigualdad.

Resiliencia capitalista: una economía mundial que crece sobre bases frágiles

La principal contribución del artículo de Michael Roberts consiste en distinguir entre la capacidad del capitalismo para evitar temporalmente un colapso y su capacidad para garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.
Una economía puede mantener el crecimiento agregado mientras millones de personas pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran y la riqueza se concentra. También puede registrar grandes inversiones tecnológicas sin que estas produzcan todavía un aumento equivalente de la productividad social.
La resiliencia, por lo tanto, no debe evaluarse solamente por la continuidad de los mercados financieros o por el crecimiento del producto bruto. También hay que preguntar cómo se distribuyen los ingresos, quién controla la inversión y quién paga cuando las expectativas de ganancias fracasan.
La contradicción que señala Roberts es que el capitalismo puede demostrar una notable capacidad para sostener la acumulación financiera sin demostrar la misma capacidad para satisfacer las necesidades sociales. Y mientras la rentabilidad privada siga determinando las decisiones estratégicas de inversión, la estabilidad económica continuará subordinada a los intereses de quienes poseen el capital.

La Ficción del 1,9%: El impacto del IPC obsoleto y las tarifas ocultas en septiembre de 2026

La vigencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en el consumo de hace dos décadas consolidó en septiembre de 2026 una inflación oficial del 1,9%, un dígito eficaz para el relato financiero pero considerado una "ficción estadística". La postergación del nuevo indicador por parte del Gobierno —que derivó en la renuncia de Marco Lavagna al INDEC— evita que el fuerte impacto de las tarifas de servicios públicos sea plenamente registrado, amortiguando de forma artificial el índice general y subestimando el costo real de la Canasta Básica Total frente al deterioro del bolsillo popular.

El imperialismo jurídico: cuando la ley se convierte en un instrumento de dominación

La contribución más interesante del texto es que permite pensar el derecho como parte de la estructura de dominación capitalista, sin reducirlo a una mera ficción ni suponer que todas las normas sean idénticas o carezcan de efectos protectores.
Desde esta perspectiva, conviene formular tres preguntas:
- ¿Quién define las reglas? Qué Estados, grupos económicos e instituciones disponen de capacidad efectiva para establecerlas.
- ¿Quién obtiene los beneficios materiales? Qué sectores controlan recursos, inversiones, propiedad intelectual, crédito y circuitos comerciales.
- ¿Quién paga los costos? Qué sociedades y clases soportan el ajuste, la pérdida de soberanía económica o las consecuencias de las sanciones y las intervenciones.
Para América Latina, este enfoque permite examinar críticamente la relación entre endeudamiento externo, tribunales internacionales, protección de las inversiones y condicionamientos sobre las políticas económicas nacionales. No significa que todos esos instrumentos respondan a una misma lógica ni que sus efectos sean siempre iguales, sino que deben analizarse en su contexto histórico y de clase.
La conclusión política
El imperialismo no es únicamente una potencia que interviene desde afuera: es también una relación social que puede consolidarse mediante instituciones, normas y alianzas entre fracciones del capital internacional y clases dominantes locales.
Por eso, la defensa de la soberanía no puede agotarse en la reivindicación abstracta del Estado nacional. Exige identificar qué intereses de clase representa la política económica, quién controla los recursos estratégicos y qué capacidad tienen las mayorías populares para decidir sobre la riqueza que producen.
El problema de fondo no es solamente si se respeta la ley, sino qué relaciones sociales consagra esa ley y qué fuerzas políticas pueden transformarlas.

Brasil: La mano no puede temblar

La mayor virtud del artículo es que no reduce el avance de la extrema derecha a un fenómeno electoral ni a las características personales de Bolsonaro. Identifica una coalición social con intereses materiales concretos: sectores empresariales que buscan reducir costos laborales, capitales interesados en las privatizaciones, acreedores que priorizan el ajuste fiscal y grupos conservadores que pretenden restringir derechos.
Sin embargo, hay una cuestión estratégica que merece profundizarse: la unidad electoral contra la extrema derecha es necesaria, pero no garantiza por sí misma una alternativa popular duradera.
Si el lulismo logra contener a Bolsonaro sin modificar las condiciones materiales que alimentan el malestar social —endeudamiento familiar, precarización laboral, insuficiencia de los ingresos y desigualdad—, la derecha conservará buena parte de su base social. El rechazo a la extrema derecha necesita traducirse también en mejoras concretas para la clase trabajadora.
Aquí aparece la contradicción central: para derrotar al bolsonarismo se necesita una alianza amplia, pero para desarmar sus bases sociales hace falta una política que dispute los intereses económicos y las ideas que lo sostienen. No alcanza con defender las instituciones si amplios sectores populares no encuentran en ellas respuestas a sus necesidades.
Cerrar filas no significa suspender la crítica ni subordinar indefinidamente a los trabajadores a los límites del gobierno de Lula. Significa construir la unidad necesaria para derrotar a la reacción, preservando al mismo tiempo la autonomía política y la capacidad de organización de las clases populares.

La igualdad como condición material de la libertad

Rocco Carbone desmonta en Otro folletín: Igualdad una de las operaciones ideológicas centrales del mileísmo: presentar la desigualdad como precio inevitable de la libertad. Detrás de esa abstracción hay una disputa concreta entre clases sociales, una transferencia de recursos y una redefinición del Estado para favorecer a los sectores propietarios. La pregunta que Javier Milei evita es la decisiva: ¿prosperidad para quién?

Columbus Day

El Día de Colón es una festividad nacional en muchos países de América y otros lugares, y una festividad federal en Estados Unidos. Oficialmente celebra el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Desembarcó en Guanahaní, una isla de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Construyó La Navidad en la costa noroeste de la isla de La Española (cerca de la actual Caracol, departamento del Nordeste, Haití) a finales de diciembre de 1492, el primer fuerte europeo en América. Tras la destrucción del fuerte por parte del pueblo indígena taíno, Colón estableció La Isabela en la costa centro-norte de la isla (actual República Dominicana) a finales de diciembre de 1493, el primer asentamiento europeo estable en América. 🙇🙇‍♂️🙇‍♀️