El politólogo John Mearsheimer afirma que la ofensiva de Hamás el 7 de octubre fue una respuesta inevitable a las décadas de ocupación y apartheid de Israel en Gaza, advirtiendo que el conflicto ha deteriorado irreversiblemente la legitimidad global de Tel Aviv.
La reivindicación de Rucci puede convertirse en una operación de restauración neoliberal del peronismo: recuperar la doctrina como mecanismo de disciplinamiento, invocar a Perón y a Néstor Kirchner para deslegitimar al kirchnerismo y desplazar a Cristina Fernández de Kirchner del horizonte político del movimiento.
El Día de Colón es una festividad nacional en muchos países de América y otros lugares, y una festividad federal en Estados Unidos. Oficialmente celebra el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Desembarcó en Guanahaní, una isla de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Construyó La Navidad en la costa noroeste de la isla de La Española (cerca de la actual Caracol, departamento del Nordeste, Haití) a finales de diciembre de 1492, el primer fuerte europeo en América. Tras la destrucción del fuerte por parte del pueblo indígena taíno, Colón estableció La Isabela en la costa centro-norte de la isla (actual República Dominicana) a finales de diciembre de 1493, el primer asentamiento europeo estable en América. 🙇🙇♂️🙇♀️
El artículo de Roberts recupera la idea de Keynes (en "Economic Possibilities for our Grandchildren") de que el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver la escasez y liberar tiempo para una vida digna (cultura, vínculos, realización personal).
Desde una perspectiva marxista, Roberts señala la contradicción: mientras la inversión dependa de la rentabilidad privada, el aumento de la productividad no se traduce automáticamente en menos trabajo ni en bienestar colectivo. El excedente lo capturan los propietarios del capital; se produce según demanda solvente y expectativa de ganancia, no según necesidades sociales; y las prioridades las deciden las correlaciones de fuerza, no un criterio colectivo.
En Argentina, el programa de Milei (recorte del gasto público, debilitamiento laboral y fe en la iniciativa privada) parte de la premisa de que la rentabilidad individual genera beneficios generales. Keynes ya cuestionaba esa equivalencia; la crítica marxista va más lejos: no alcanza con estimular la demanda si no se discute quién controla la inversión y cómo se distribuye el excedente.
La pregunta central no es cuánto crece la economía, sino quién decide para qué se produce y quién disfruta de la riqueza generada colectivamente y esa pregunta no admite una respuesta de dos tiempos del tipo "crecer para distribuir" ya que como señaló el mismísimo míster Keynes ante la crisis de los años 30, "en el largo plazo estamos todos muertos"... y eso sí que no es vida, ni buena, ni mala.
Varoufakis recupera una distinción fundamental: no es lo mismo negociar desde una posición de fuerza que convertir la negociación en una renuncia permanente. El compromiso deja de ser una herramienta política cuando implica abandonar los objetivos que justifican la propia existencia de una fuerza de izquierda.
¿Qué significa para la Argentina?
La discusión interpela directamente al peronismo y al conjunto del progresismo argentino. No alcanza con denunciar el ajuste de Javier Milei ni con esperar que el deterioro económico produzca, por sí solo, una recuperación electoral. La cuestión es qué alternativa se ofrece y qué intereses sociales está dispuesta a enfrentar.
Si la oposición se limita a prometer una administración más moderada del mismo orden económico, sin discutir la distribución del ingreso, el endeudamiento, el poder de los grandes grupos económicos y la precarización laboral, corre el riesgo de reconstruir las condiciones que hicieron posible el ascenso libertario.
La lección de Varoufakis, sin embargo, también merece una discusión crítica: permanecer en la oposición no garantiza una política transformadora, del mismo modo que gobernar no implica necesariamente capitular. La cuestión decisiva es la relación de fuerzas, la organización popular y la capacidad de convertir un programa en poder efectivo.
El desafío consiste en evitar dos trampas: el posibilismo que termina administrando los intereses de las clases dominantes y el purismo que renuncia a construir mayorías capaces de disputar el Estado.
La pregunta, entonces, no es solamente por qué fracasa el centroizquierda. Es más incómoda: ¿qué sentido tiene conquistar el gobierno si, para conservarlo, hay que renunciar a transformar las relaciones de poder que perjudican a las mayorías?
Una semana más, una semana menos en Argentina. El presidente Javier Milei habría echado al ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo por los malos resultados económicos; los libertarios se quisieron apropiar la victoria de Bolsonaro ante Lula en Brasil y también se subieron al homenaje de Lionel Messi a Sancor Seguros; Patricia Bullrich suena como candidata a presidenta y dicen que Mauricio Macri ya eligió; la Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con su fallo y volvieron a poner límites a la venta de tierras a extranjeros; Santiago Caputo le dio la privatización de Aysa a sus grandes amigos, los hermanos Neuss; sigue la interna peronista con Kicillof contra el ala de Cristina Kirchner; sigue la polémica entre las universidades y el Gobierno de Milei por el financiamiento universitario y convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria y pidieron la detención de Santiago Bausili por perder dinero invirtiendo las reservas de oro del Banco Central.
Los protagonistas de la semana fueron Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, las universidades, Bullrich, la Corte Suprema de Justicia, el oro del Banco Central, Macri, la Ley de Tierras, Bolsonaro y muchos más.
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La promesa de libertad económica convive con una paradoja: mientras se reivindica la autonomía individual, millones de personas quedan condicionadas por sus obligaciones financieras. La libertad del acreedor para cobrar tiene como contracara la pérdida de margen de decisión del deudor.
El artículo de Gatti acierta al proponer la politización de la deuda y la organización colectiva del malestar. Su principal aporte consiste en desplazar la discusión desde la responsabilidad individual hacia las relaciones sociales que producen el endeudamiento.
Una precisión importante: no toda deuda es idéntica ni todo endeudamiento constituye automáticamente explotación. Es necesario distinguir entre crédito productivo, endeudamiento público, financiamiento del consumo y préstamos usurarios. La cuestión de clase pasa por identificar quién presta, quién se beneficia, quién asume el riesgo y quién termina pagando los costos.
La conclusión política: no alcanza con enseñar a administrar mejor las deudas. También hay que discutir por qué los ingresos del trabajo resultan insuficientes, cómo se distribuye el excedente y qué poder adquieren los acreedores sobre la vida social. La educación financiera popular puede ser una herramienta de defensa; sin embargo la transformación de las condiciones que producen el endeudamiento exige organización y disputa política que de no ocurrir, estás frito angelito.
La amenaza de una victoria electoral de la derecha no se enfrenta solamente en las urnas. La huelga general expresa una fuerza que el poder económico preferiría mantener invisible: la capacidad de la clase trabajadora para interrumpir la producción y disputar quién paga los costos de la crisis. Frente a esa ofensiva, la huelga general puede convertirse en mucho más que una protesta sindical. Es una demostración de fuerza social capaz de cuestionar la normalidad económica sobre la que se sostiene el poder empresarial. Pero su eficacia depende de que no sea un gesto aislado: necesita organización, continuidad y objetivos políticos que articulen las reivindicaciones laborales con las demandas del conjunto de los sectores populares.
En Argentina, el gobierno de Milei impulsa un programa de disciplinamiento laboral, reducción de derechos y transferencia de ingresos hacia los sectores económicos dominantes. Enfrentarlo exclusivamente mediante la competencia electoral supone aceptar que la disputa se limite a los tiempos y las reglas de las instituciones, mientras la reorganización regresiva de la sociedad continúa avanzando.
Esto no significa contraponer la calle a las urnas, sino comprender que ambas dimensiones se condicionan mutuamente. Sin movilización y organización desde abajo, una victoria electoral puede resultar insuficiente; sin una alternativa política capaz de transformar esa fuerza social en un proyecto de mayorías, la protesta corre el riesgo de agotarse.
La cuestión estratégica es, por lo tanto, quién logra organizar el descontento y darle una dirección política. La derecha convierte las frustraciones sociales en resentimiento contra los sectores más vulnerables. Una alternativa emancipadora debe hacer lo contrario: identificar las relaciones de poder que producen la desigualdad y construir una respuesta colectiva.
La huelga general no garantiza por sí sola una derrota electoral de la reacción. Pero renunciar a la capacidad de lucha popular significa dejarle a las clases dominantes la iniciativa en el terreno donde ejercen su poder más concreto: la economía ,las relaciones sociales de producción el parlamento y la autodenominada "Justicia".
El autor sostiene que el auge de la capacidad de soñar entre los sectores populares de Brasil en los últimos años ha chocado con una realidad de trabajo precario que multiplica las ilusorias promesas de emancipación a través del emprendimiento en plataformas y redes sociales. El bolsonarismo se nutre de este deseo de autonomía y libertad, pero el voto de las clases aspiracionales refleja, sobre todo, sentimientos sobre la presencia o ausencia del Estado y el valor atribuido al esfuerzo individual.
La contribución más fértil del artículo de Jonathan Cook es recordar que el poder no actúa únicamente mediante la propiedad, el dinero o la coerción estatal. También opera delimitando lo que puede decirse, quién tiene derecho a decirlo y qué posiciones deben justificarse permanentemente ante la opinión pública.
La izquierda enfrenta así una doble tarea: disputar la distribución material de la riqueza y disputar las categorías con las que la sociedad interpreta esa distribución.
Porque cuando el orden existente se presenta como la única opción razonable, defender una alternativa deja de parecer una decisión política legítima y comienza a ser tratado como una transgresión.
Esa es la trampa que Cook identifica: antes de discutir cómo transformar la sociedad, la izquierda debe superar un examen de legitimidad diseñado, según su interpretación, para preservar las condiciones que pretende cambiar. Y esta trampa mediática no sólo ocurre en el reino Unido . Prueben en La Argentina en hablar del Genocidio en GAZA o defender el derecho a elegir y ser elegida que le corresponde a Cristina Kirchner.
Sgarzini describe un gobierno que busca reducir el gasto social mientras preserva las condiciones generales de funcionamiento del orden económico. La austeridad aparece como una necesidad técnica impuesta por la deuda y los mercados financieros; sus consecuencias distributivas, en cambio, son profundamente políticas.
La pregunta es por qué el costo del desequilibrio fiscal debe recaer sobre estudiantes, trabajadores, jubilados y usuarios de los servicios públicos, mientras las decisiones tributarias favorables a los sectores más ricos quedan fuera del centro de la discusión.
La represión cumple entonces una función política: desplaza el debate desde las causas materiales del conflicto hacia el orden público, la violencia callejera y la supuesta manipulación de los jóvenes. El resultado es una inversión del problema: el deterioro de la escuela pierde centralidad y los estudiantes pasan a ser presentados como una amenaza.
Sin embargo, la movilización ya consiguió una primera concesión: el Gobierno anunció el despliegue de 3.000 docentes titulados en los establecimientos más afectados. La protesta continúa porque sus demandas exceden esa medida puntual.
El conflicto también abre una disputa por la representación del descontento. La izquierda de Jean-Luc Mélenchon puede intentar transformar la movilización en una alternativa política al macronismo, pero enfrenta el desafío de construir una mayoría social capaz de superar la fragmentación de las luchas.
La extrema derecha, por su parte, puede capitalizar el desgaste gubernamental sin cuestionar necesariamente los fundamentos económicos de la austeridad. Puede canalizar el enojo contra los migrantes, las minorías o la izquierda, desplazando la responsabilidad desde las relaciones de poder hacia determinados grupos sociales.
Ese es el riesgo estratégico: que una crisis originada en el deterioro de las condiciones de vida termine fortaleciendo una salida política que profundice la exclusión.
¿Qué relación tiene con la Argentina de Milei?
La comparación no supone equiparar dos países con estructuras económicas e institucionales diferentes. Permite reconocer una lógica común: presentar el ajuste como una imposición inevitable, debilitar la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales y deslegitimar las resistencias que cuestionan la distribución de sus costos.
En Francia, el conflicto se expresa en escuelas deterioradas, falta de docentes y barreras de acceso a la universidad. En Argentina, la discusión sobre el financiamiento educativo, las universidades públicas, los salarios docentes y las condiciones de vida plantea interrogantes similares.
La lección política es que el ajuste no es únicamente una operación contable. Redistribuye recursos, modifica relaciones de fuerza y condiciona las oportunidades de las distintas clases sociales.
Cuando el derecho a la educación depende cada vez más de la posición social de origen, la desigualdad deja de ser una consecuencia lateral del sistema y se convierte en uno de sus mecanismos de reproducción.
La protesta estudiantil francesa importa, por eso, mucho más que como episodio de conflictividad juvenil. Expone la contradicción entre una democracia que proclama la igualdad de oportunidades y un orden económico que distribuye de manera desigual las condiciones materiales para ejercerla.
El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el éxito de su partido en los comicios legislativos y estatales, coloca contra las cuerdas a la izquierda brasileña. La sociedad civil progresista ya se ha sumado a la campaña de Lula para revertir el resultado en el balotaje. Lula contra el tsunami conservador: cuando ganar elecciones no alca.
El desafío de Lula va mucho más allá de derrotar electoralmente al bolsonarismo. La derecha brasileña construyó una base social que combina poder económico, agronegocio, iglesias evangélicas y malestar popular. El problema del progresismo es cómo transformar los avances de la gestión en mejoras concretas para las mayorías, sin quedar atrapado en las restricciones de un Congreso conservador y los compromisos con el poder económico.
El fenómeno conservador brasileño no puede reducirse a Bolsonaro ni a una disputa entre liderazgos. Detrás de esa corriente convergen intereses empresariales, estructuras religiosas, redes digitales y sectores sociales golpeados por la precarización, que encuentran en la derecha una representación política de sus temores, expectativas y frustraciones.
La contradicción es evidente: una economía puede exhibir indicadores favorables mientras millones de personas continúan agobiadas por las deudas, el costo de vida y la incertidumbre laboral. Cuando la mejora macroeconómica no se traduce en seguridad material, el oficialismo pierde capacidad para convertir sus resultados en legitimidad social.
Aquí aparece el límite estratégico del lulismo. La negociación parlamentaria puede garantizar gobernabilidad, pero también restringe las transformaciones que afectan intereses económicos consolidados. Administrar el Estado no equivale necesariamente a modificar las relaciones de fuerza que organizan la sociedad.
La derecha, mientras tanto, disputa algo más profundo que los votos: construye sentidos comunes, organiza territorios y convierte problemas individuales en explicaciones políticas. Su eficacia reside, en parte, en presentar las desigualdades como fracasos personales y ofrecer respuestas conservadoras a un malestar que tiene raíces sociales.
La experiencia brasileña interpela también a la Argentina de Milei. En ambos casos, la cuestión no consiste solamente en quién gana las elecciones, sino en qué intereses sociales logra representar, qué expectativas consigue movilizar y qué condiciones materiales ofrece a las mayorías.
El desafío de Lula es convertir la defensa de la democracia en una experiencia concreta de derechos, ingresos y seguridad económica. Porque una victoria electoral puede detener temporalmente a la derecha, pero no desarma por sí sola las bases materiales y culturales que alimentan su crecimiento. La disputa decisiva sigue siendo quién consigue interpretar el malestar social y organizarlo en un proyecto colectivo.
El Gobierno creó un mecanismo ad hoc para rematar el patrimonio nacional por debajo de su valor. Pauperización salarial, tasaciones reservadas y entrega: de AYSA y ENARSA a Nucleoeléctrica y los trenes. Privatizaciones y responsables.
La presión y movilizaqción social, «la calle», marca el pulso judicial frente al escepticismo de la dirigencia política. La masiva movilización popular y el repudio generalizado en los tribunales forzaron a la Corte Suprema a un giro de timón inmediato, desarmando el discurso resignado de ciertos sectores partidarios que daban por perdida la batalla contra la entrega del territorio nacional tras el rechazo al amparo del CECIM.
Lejos de la supuesta «irreversibilidad» de los fallos, la presión de la sociedad civil obligó al máximo tribunal a convocar a un acuerdo extraordinario urgente y citar a conjueces para revisar, bajo la lupa ambiental de la ONG Árbol de Pie, la constitucionalidad de la Ley de Tierras.
Este recalculated institucional expone los complejos hilos del poder en una semana donde la agenda judicial se recalienta: el mismo tablero legal que hoy debe definir la soberanía de los recursos estratégicos viene de dejar firme el decomiso de bienes a los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, demostrando que la Justicia no opera en el vacío técnico, sino en un constante arbitraje frente al humor social y el conflicto.
Este es el estado de situación respecto a la proscripción de Cristina Fernández, un equilibrio que solo romperá la movilización y el rechazo popular, nada es irreversible enfrentando a la trama dirigencial propia y extraña que acuerda a viva voz o en silencio con la proscripción de CFK, atendiendo muy particularmente entre quienes «dicen» no acordar. Se nota mucho.
En un escenario global cruzado por la desinformación y las tensiones bélicas, el análisis internacional suele quedar atrapado en narrativas polarizadas que impactan de lleno en países alineados de forma incondicional con Washington, como la Argentina de Javier Milei donde la desinformación es la norma. La reciente entrevista del periodista Max Blumenthal en The Tucker Carlson Show expone los hilos detrás de la política exterior estadounidense frente a Irán, el valor estratégico del petróleo en Venezuela y el peso de los grupos de presión; un debate indispensable para comprender la geopolítica actual más allá de los discursos oficiales.Copete. La ofensiva estadounidense contra Irán y la disputa por el petróleo venezolano revelan una dimensión central de la política internacional: la defensa de los intereses estratégicos de Washington y de los capitales que buscan controlar los recursos energéticos. La entrevista de Max Blumenthal con Tucker Carlson pone sobre la mesa las redes de influencia que condicionan la política exterior norteamericana y los límites de la soberanía de los países periféricos. La conexión entre ambos conflictos es una hipótesis que merece investigarse; el avance sobre el petróleo venezolano, en cambio, ya tiene expresiones concretas.
Todo comenzó cuando un joven peronista se acercó al bar pidiendo supuestos consejos basada en una supuesta experiencia que al parecer creía (él) que yo tenía.😏
En concreto preguntaba si había que ir o no a reventarle las casas a los jueces. Obvio no le dije que sí ni que no, solo se me ocurrió una apreciación: "Toda decisión se debe tomar en el contexto de una organización" (comúnmente denominada ORGA), aún con todas las contradicciones y miserias, inevitables en toda ORGA. No hay efectos políticos duraderos si las decisiones se toman fuera de una organización.
No parece que me hirviera la cabeza con esa respuesta ... Pero resulta que hoy leemos en Jacobin que la hiperpolítica describe una paradoja de nuestro tiempo: crecen las protestas, la polarización y la participación política, pero ese movimiento no siempre modifica las relaciones de poder. En la Argentina de Milei, el desafío del campo popular no consiste solamente en resistir el ajuste o ganar elecciones, sino en transformar el descontento disperso en organización duradera, conciencia de clase y capacidad efectiva para disputar la hegemonía. Porque una sociedad puede estar en ebullición política y, sin embargo, dejar intactos los privilegios de quienes concentran el poder económico. La reflexión de Jäger puede ponerse en diálogo con dos tradiciones marxistas.
Desde Gramsci, el desafío es pasar de la reacción episódica a la construcción de una voluntad colectiva capaz de disputar la hegemonía. Esto requiere organización, elaboración intelectual y arraigo en la vida cotidiana de las clases subalternas.
Desde Althusser, cabe agregar que el poder de las clases dominantes no se reproduce exclusivamente mediante la coerción estatal. También opera a través de instituciones y prácticas que contribuyen a reproducir las relaciones sociales existentes. Por eso, cambiar el clima de opinión no equivale necesariamente a modificar las condiciones materiales que sostienen la dominación.
La pregunta estratégica para la izquierda argentina es, entonces, cómo convertir el malestar social en capacidad colectiva de intervención, sin confundir la visibilidad política con la fuerza organizada. En esa perspectiva la cuestión central no aprece ser cuánto se moviliza una sociedad, sino qué fuerza social queda organizada después de la movilización y qué capacidad tiene para cambiar las condiciones materiales de vida. Esa es la diferencia entre una política que expresa el descontento y una política que puede disputar el poder.
Mientras en Venezuela el vector es la reconexión financiera; en Argentina, el régimen que organiza la captura de renta de recursos, el RIGI. Son piezas del mismo capitalismo estratégico, no el mismo negocio.
En Venezuela, Erebor Bank —startup con charter bancario estadounidense, cofundada por Palmer Luckey y Joe Lonsdale y respaldada por el Founders Fund de Peter Thiel— se ofreció desde mayo de 2026 a restablecer corresponsalía y subcuentas en dólares para bancos y empresas locales, en un mercado que la banca global sigue evitando por sanciones. En octubre se reportó un acuerdo de corresponsalía con el Banco de Venezuela. El interés declarado no es sólo bancario: el mismo ecosistema (Thiel, Palantir, Anduril) articula finanzas, defensa, datos y minerales críticos. La palanca es el acceso al sistema de pagos estadounidense.
En Argentina la palanca es otra. El RIGI funciona como contrato de largo plazo entre el Estado y el capital de gran escala: estabilidad fiscal y cambiaria, beneficios impositivos y libre disponibilidad gradual de divisas a cambio de un piso de inversión. A mediados de septiembre de 2026 el gobierno contabilizaba 23 proyectos aprobados por unos US$49.800 millones, con el cobre en torno a US$13.300 millones y el litio cerca de US$5.800 millones, más los desarrollos de Vaca Muerta (Los Toldos II Este, Rincón de Aranda, el oleoducto Vaca Muerta Sur, y más tarde Bajo del Choique–La Invernada de Pluspetrol, anunciado en US$12.400 millones a 25 años).
Vicuña encaja en esa cifra. Es la sociedad de BHP y Lundin Mining sobre Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, con extensión a Chile. En febrero de 2026 la evaluación económica preliminar estimó US$18.000 millones a lo largo de varios años —el canciller Quirno habló de los primeros diez—, con unos US$7.000 millones hasta el primer concentrado de cobre, previsto para 2030. En julio el Ministerio de Economía aprobó su ingreso al RIGI como proyecto de exportación estratégica de largo plazo, con un compromiso de US$9.700 millones hasta 2031, parte de ese potencial mayor. La producción media proyectada para los primeros 25 años es de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata al año.
La pregunta de fondo el RIGI la responde de un modo preciso. El Estado no desaparece: diseña el marco, aprueba el ingreso y retiene regalías e impuestos residuales. Lo que cede es la capacidad de revisar, durante décadas, la alícuota, las retenciones y el acceso a divisas. La renta del recurso queda así repartida entre un operador extranjero que controla la tecnología, el financiamiento y la colocación, una provincia que cobra regalías, y un Estado nacional que cambia ingreso fiscal futuro y margen de política por inversión presente y exportaciones. No es concesión petrolera clásica ni nacionalización: es un régimen de estabilidad a medida del capital que puede movilizar decenas de miles de millones.
La analogía con Erebor sirve si se la lee así. No hace falta que Thiel tenga un banco en Buenos Aires. El patrón es la integración de eslabones que antes estaban separados: quien financia, quien extrae el mineral o el hidrocarburo, quien provee la infraestructura y, en el caso venezolano, quien reabre la puerta al dólar. En Argentina ese paquete lo arman BHP, Lundin, Rio Tinto, Glencore y las operadoras de Vaca Muerta, bajo un marco que el Estado escribió para atraerlos y que, una vez firmado, le quita margen para rediscutir quién se queda con la renta. Han aparecido las actas, la casa está en orden.
¿Qué clase de democracia es aquella en la que una persona tiene derecho a votar cada cuatro años pero durante ocho horas diarias no tiene derecho a decidir prácticamente nada sobre la actividad que sostiene su existencia?
Esa contradicción permite conectar muy bien Marx, Gramsci, Althusser y la democracia económica contemporánea: la disputa por la democracia no termina en el Estado; continúa en el lugar donde se produce el valor y donde se decide quién se apropia del excedente.
El exconductor de Fox News, impulsor inicial de MAGA y hoy el mayor influencer políticos de Estados Unidos, intensifica su giro aislacionista y acusa a los grupos de cabildeo pro-Israel de anteponer intereses extranjeros, profundizando la brecha geopolítica dentro del movimiento conservador estadounidense.
La muerte de Anwar Shaikh deja una ausencia significativa en la economía política marxista. Su obra tuvo una virtud poco frecuente: estudiar el capitalismo realmente existente —su competencia, sus crisis, sus desequilibrios y sus relaciones de clase— sin reducirlo a modelos abstractos ni a recetas de política económica.
Su legado resulta particularmente actual para pensar la Argentina de Milei. Shaikh mostró que “liberar el mercado” no elimina las contradicciones del capitalismo: las reorganiza. En una economía periférica, esa reorganización puede trasladar los costos hacia el trabajo, debilitar las capacidades estatales y profundizar la subordinación frente al capital internacional.
Su aporte permite dialogar con Marx, Poulantzas y Althusser desde una premisa fundamental: la política no actúa por fuera de las estructuras de clase. El Estado puede intervenir sobre la economía, pero no puede abolir por decreto las relaciones sociales que sostienen la acumulación capitalista.
Recordar a Shaikh es, entonces, mucho más que recordar a un economista marxista. Es reivindicar una forma de pensar que se negó a confundir el funcionamiento del mercado con la naturaleza de la sociedad y que buscó explicar, detrás de las cifras, quién acumula, quién decide y quién paga los costos de las crisis.
Su obra queda como herramienta para comprender un capitalismo que sigue siendo, como él enseñó, competencia, conflicto y crisis.