Leer El Capital no es una tarea sencilla. La dificultad no reside solamente en la complejidad de Marx, sino también en la necesidad de abandonar ciertas formas habituales de pensar la sociedad. Marx no analiza el capitalismo como una realidad eterna ni como una simple suma de individuos, empresas y mercados: intenta reconstruir su lógica interna a partir de las relaciones que articulan el conjunto.

Por eso comienza con la mercancía, la forma elemental de la riqueza capitalista. No se trata de una elección arbitraria. La mercancía funciona como una suerte de célula económica en la que puede encontrarse, condensada, la lógica del organismo capitalista. Analizarla significa comenzar a descubrir cómo funciona el sistema en su totalidad.

La primera distinción fundamental es entre valor de uso y valor. Toda mercancía posee determinadas propiedades materiales que permiten satisfacer una necesidad. Un alimento, una vivienda, una herramienta o una máquina tienen una utilidad concreta. Ese valor de uso depende de las características físicas del objeto y de su relación con una necesidad humana.

Aquí aparece una cuestión particularmente actual: la naturaleza está presente desde el comienzo del análisis marxiano. El valor de uso no existe en el aire. Necesita de un cuerpo material, de materia y energía extraídas de la naturaleza. Sin embargo, cuando Marx avanza hacia el concepto de valor, esas propiedades concretas son progresivamente abstraídas.

El valor de cambio expresa una relación entre mercancías. Pero si mercancías completamente diferentes pueden intercambiarse en determinadas proporciones, debe existir algo común que permita compararlas. Ese elemento no puede ser una propiedad física: las mercancías son materialmente distintas. Tampoco puede ser su utilidad concreta.

Lo que queda es el trabajo humano abstracto. No importa ya si se trata del trabajo de un carpintero, un agricultor, un programador o un obrero industrial. Sus diferencias concretas desaparecen en la abstracción que permite comparar los productos como mercancías. El valor aparece así como una forma social específica del capitalismo.

Esta operación contiene una consecuencia ecológica de enorme importancia. Para llegar al valor, Marx abstrae las propiedades naturales y concretas de las mercancías. La naturaleza queda del lado del contenido material, mientras que el valor pertenece a una forma social históricamente determinada.

La contradicción es profunda: la producción capitalista necesita permanentemente de la naturaleza, pero la lógica del valor es indiferente a sus condiciones materiales. El mercado puede ponerle precio a un producto, pero el precio no expresa necesariamente el agotamiento del suelo, la destrucción de un ecosistema o el tiempo necesario para la reproducción de una especie.

De allí surge una de las claves de la lectura ecológica de Marx. El problema ambiental no puede reducirse a una cuestión técnica ni solucionarse simplemente mediante nuevas mercancías “verdes”. Si la producción continúa subordinada a la expansión del valor, la naturaleza seguirá siendo tratada como una condición externa, un recurso disponible para el proceso de valorización.

La distinción entre riqueza material y forma social de la riqueza permite comprender el problema. El aire, la tierra virgen o los bosques naturales pueden poseer un enorme valor de uso y, sin embargo, no tener valor en el sentido específicamente capitalista porque no son productos del trabajo humano. La paradoja es evidente: aquello que resulta indispensable para la reproducción de la vida puede carecer de valor económico mientras que una mercancía destructiva puede alcanzar un elevado precio.

Marx no desarrolla en esta primera sección una teoría ecológica completa. Esa reconstrucción será realizada posteriormente por autores como Paul Burkett, John Bellamy Foster o Kohei Saito, a partir de distintos pasajes de su obra. Pero el método ya contiene una pista decisiva: el metabolismo entre sociedad y naturaleza no puede comprenderse al margen de las relaciones sociales que organizan la producción.

Por eso resulta insuficiente reducir la teoría marxiana a la fórmula “el trabajo crea valor”. El aporte fundamental de Marx está en mostrar que el valor no es una propiedad natural de las cosas. Es una forma social históricamente determinada, propia de una sociedad donde la producción generalizada de mercancías organiza el intercambio y la reproducción económica.

La cuestión adquiere una actualidad extraordinaria. En el capitalismo contemporáneo, prácticamente todo puede convertirse en mercancía: la tierra, el agua, los alimentos, la energía, el conocimiento e incluso aspectos crecientes de la reproducción de la vida. La expansión del valor tiende a subordinar el contenido material de la riqueza a una lógica abstracta de valorización.

Leer lentamente El Capital, entonces, no significa detenerse en una obra del siglo XIX para encontrar respuestas mecánicas al presente. Significa reconstruir las categorías capaces de explicar por qué una sociedad que dispone de una capacidad productiva extraordinaria puede, al mismo tiempo, destruir las condiciones naturales de su propia existencia.

La mercancía es apenas el comienzo. Pero en esa pequeña célula ya aparece una contradicción gigantesca: la riqueza capitalista necesita de la naturaleza para existir, mientras que la lógica del valor puede tratarla como si fuera infinita e indiferente.

Y quizás allí se encuentre una de las razones por las que todavía vale la pena leer a Marx lentamente.

Mientras Milei vuelve a levantar la bandera de Malvinas, Trump tensiona la relación con Londres y algunos dirigentes del gobierno genocida israelí reclaman reconocer la soberanía argentina.

La coyuntura parece abrir una oportunidad diplomática, pero también una contradicción incómoda: ¿hasta dónde llega el soberanismo de un Gobierno que reivindica las islas mientras profundiza la apertura de los recursos estratégicos al capital transnacional también en las islas? En la apertura Jorge Elbaum analiza la paradoja de un gobierno de entrega que reclama soberanía, y lo hace en un marco geopolítico donde es apenas una pieza de descarte.

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?