El DNU 941/2025 ha generado preocupación y controversia en Argentina debido a sus implicaciones en la vigilancia, castigo y, en casos extremos, la asesinato. Este decreto, dictado por el Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso, modifica sustancialmente el régimen legal de la Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la SIDE y generando preocupación por su impacto en derechos, garantías constitucionales y controles democráticos.
El decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control, lo que habilita la vigilancia masiva. La acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es riesgosa en un contexto de falta de políticas adecuadas de seguridad de la información y filtraciones frecuentes.
El carácter encubierto de las actividades de inteligencia impide saber si alguien está siendo investigado, por qué, ni qué información tiene sobre esa persona. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El DNU 941/2025 modifica el sistema de inteligencia argentino, amplía las facultades de la SIDE y genera preocupación por su impacto en derechos, garantías constitucionales y controles democráticos.

A varias semanas del secuestro del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Donald Trump anuncia planes para «comercializar» el crudo venezolano a través de corporaciones como Vitol, Trafigura y Chevron. Promete el retorno de Exxon Mobil y Conocco Phillips, habla de «confiscar» 50 millones de barriles almacenados, y plantea un esquema donde Estados Unidos controlaría las exportaciones petroleras de Venezuela. La pregunta es inevitable: ¿es esto viable o simplemente otra fantasía de la retórica trumpista?

Palantir y Dataminr, una ‘startup’ con estrechos vínculos con X, controlan el nuevo complejo militar estadounidense en Israel. Están ansiosas por acumular datos y perfeccionar nuevas tecnologías en condiciones reales