La teoría monetarista no se puede aplicar a la realidad y la realidad es que la actividad económica impulsa la inflación y la circulación del dinero, no al revés. Obviamente el actual gobierno argentino rema contra corriente, ni hablar del osito, que más que remar, ya nada (de nada). Todas las dudas se desvanecen con el tiempo.

Todas las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, como los dos mamotretos de DNU 70/23 y el malogrado proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, perjudican seria e irreversiblemente a la población, que una parte importante lo votó, sin saber lo que hacían. Ahora le corresponde principalmente a los representantes de los trabajadores ocupados y desocupados, a los gobiernos de las provincias y, a las distintas organizaciones sociales y políticas, poner freno a una administración cuyo único fin es garantizar altas tasas de ganancia al poder económico (sea local o extranjero), sin importarle el costo ambiental, social, cultural y de derechos de nuestro pueblo.

Aunque el apoyo a la negociación colectiva debería ser preferible para abordar el empleo de bajos salarios, muchos Estados, por ejemplo en Europa Central y Oriental, tienen una cobertura de negociación tan baja que la negociación colectiva no resolverá sus problemas a corto plazo. De ahí que los salarios mínimos legales sigan siendo una herramienta importante, pero deben fijarse a un nivel suficientemente alto. La crisis del coste de la vida no ha hecho sino aumentar la urgencia de ajustar rápidamente los salarios mínimos legales a niveles adecuados . Muy lejos de la realidad de Argentina donde el Gobierno nacional convocó el miércoles al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil a reunirse el próximo jueves 15 para poder definir un nuevo piso salarial, actualmente fijado en $ 156.000 (!) La CGT pide un 85% de aumento con lo que el SMVM alcanzaría los $288.00. La línea de pobreza para un hogar tipo sin alquiler supera los $505.000 mensuales, netos.