La construcción de alianzas estratégicas entre elites económicas y diversos tipos de actores ha sido clave para el ejercicio de una violencia funcional a sus intereses, como así también para la obtención de la impunidad necesaria para seguir operando y reproduciendo sus modelos de acumulación y las desigualdades resultantes. Los casos de Argentina y Colombia, más allá de sus significativas diferencias, permiten visibilizar cómo la violencia política, la represión estatal y la impunidad han sido instrumentalizadas con frecuencia en beneficio de las elites económicas y en detrimento de derechos civiles, políticos y económicos de sus víctimas.