El Mundial 2026 marcó un antes y un después en Estados Unidos: la final España–Argentina fue vista por 62,8 millones de personas (38,9M en Fox y 23,9M en Telemundo/Peacock), récord histórico para un partido de fútbol en ese país y para una transmisión deportiva en español. El torneo, celebrado en EE. UU., Canadá y México, se benefició del auge del streaming, la buena campaña de la selección anfitriona y la presencia de figuras como Lionel Messi. El resultado fue un fuerte impacto económico: crecimiento de audiencias digitales, millones de nuevos suscriptores en plataformas como Peacock y un posicionamiento renovado de la FIFA para negociar derechos futuros. Más allá de lo deportivo, el evento consolidó al fútbol como un producto central del mercado audiovisual estadounidense, capaz de competir con finales de la NBA o la Serie Mundial. El fenómeno refleja la paradoja contemporánea del deporte: críticas a su mercantilización conviven con un crecimiento sin precedentes en asistencia, consumo y rentabilidad, similar al auge comercial observado en la Fórmula 1.

Mientras una parte del debate público se concentra en denunciar supuestas campañas internacionales contra la Argentina —ya sea por el Mundial, por la política exterior o por disputas diplomáticas—, los datos económicos muestran que la principal agresión contra las condiciones de vida de los argentinos proviene de la propia política económica del gobierno nacional.

El informe del CEPA sobre endeudamiento y mora permite sostener esa afirmación con evidencia. No se trata simplemente de un aumento del crédito: lo que crece es la incapacidad de millones de hogares para devolver préstamos utilizados para financiar gastos cotidianos. Cuando casi seis millones de personas ingresan en situación de mora y las billeteras virtuales registran niveles de incumplimiento cercanos al 30%, el problema deja de ser financiero para convertirse en un indicador del deterioro social.

La denominada «estabilización» descansa sobre un fuerte ajuste del ingreso real. La desaceleración de la inflación se obtiene al costo de una caída del consumo, salarios que continúan rezagados respecto de la recuperación de precios relativos y un creciente recurso al endeudamiento para sostener niveles mínimos de subsistencia. El crédito reemplaza al salario; cuando ese crédito deja de pagarse, aparece la mora.

En ese sentido, la verdadera campaña antiargentina no consiste en críticas provenientes del exterior ni en supuestos intentos de desprestigio internacional. Consiste en un modelo económico que debilita sistemáticamente las capacidades materiales de la sociedad argentina. Una economía donde las familias se endeudan para comprar alimentos, pagar servicios o medicamentos no fortalece al país: reduce su mercado interno, deteriora su tejido social y limita sus posibilidades de desarrollo.

La situación de las empresas confirma que el fenómeno trasciende a los hogares. El incremento de la irregularidad crediticia empresarial refleja una demanda deprimida y dificultades crecientes para sostener la producción y el empleo. Es decir, el deterioro alcanza simultáneamente a consumidores y productores.

Desde una perspectiva política, esta dinámica erosiona uno de los principales activos de cualquier proyecto nacional: la capacidad de su población para consumir, ahorrar, invertir y proyectar el futuro. Un país con millones de ciudadanos atrapados en un circuito permanente de endeudamiento y mora no sólo enfrenta una crisis económica; también experimenta un proceso de debilitamiento de su cohesión social.

Por eso, si se busca identificar qué está dañando hoy a la Argentina, los indicadores sociales ofrecen una respuesta más contundente que cualquier polémica internacional. La verdadera campaña antiargentina es aquella que convierte el ajuste permanente en política de Estado, sustituye ingresos por deuda, naturaliza el aumento de la pobreza financiera y traslada el costo de la estabilización macroeconómica a las familias y al aparato productivo. En esa lógica, el país no es atacado desde afuera: se debilita desde adentro. La campaña anti argentina la lleva adelante el gobierno nacional y con una eficacia narrativa que cuya eficacia es la exacta inversión de los resultados estructurales como este que analizamos: El hombre y la mujer endeudados. La figura social emergente no es, entonces, la del consumidor financiado sino la del ciudadano atrapado por deudas que no puede cancelar. Ese sujeto económico social, cuando adquiere dimensión masiva, puede convertirse también en un sujeto político disruptivo. Esa transformación disruptiva puede ser una de las señales más relevantes para comprender las tensiones sociales que podrían desarrollarse en los próximos meses. Al pie Mirtha denunciando otra campaña antiargentina en los inicios del plan económico-social que hoy despliega el actual gobierno. ( Es en blanco y negro, lástima)

El artículo «AI and productivity», de Michael Roberts, analiza críticamente la promesa de que la inteligencia artificial desatará un fuerte aumento de la productividad y, con ello, una nueva etapa de crecimiento capitalista. Su tesis es que, pese a las enormes inversiones y la euforia bursátil, todavía no existen evidencias sólidas de un salto significativo en la productividad agregada.

¿La IA revolucionará la productividad o estamos ante otra burbuja tecnológica?

Mientras las grandes empresas tecnológicas y los mercados financieros celebran la inteligencia artificial como el motor de una nueva revolución económica, la evidencia empírica sigue siendo mucho más modesta. Esa es la principal conclusión del economista marxista Michael Roberts.

El autor sostiene que la IA ya produce mejoras de eficiencia en tareas específicas —programación, redacción, atención al cliente o procesamiento de datos—, pero esos avances todavía no se traducen en un incremento apreciable de la productividad del conjunto de la economía. La historia económica muestra que las grandes innovaciones tecnológicas suelen requerir décadas para difundirse y reorganizar los procesos productivos antes de reflejarse en las estadísticas nacionales.

Roberts destaca además una contradicción propia del capitalismo contemporáneo: las empresas invierten cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para IA con la expectativa de reducir costos laborales y aumentar ganancias, pero esa misma carrera tecnológica puede profundizar la sobrecapacidad instalada y reducir la rentabilidad media del capital.

Otro aspecto central es el impacto sobre el empleo. Diversos estudios citados muestran que los trabajadores jóvenes son quienes comienzan a sufrir con mayor intensidad el reemplazo de tareas rutinarias. En ocupaciones altamente expuestas a la IA, el empleo de trabajadores de entre 22 y 25 años estaría disminuyendo a un ritmo superior al 4% anual, mientras las empresas privilegian perfiles con mayor experiencia capaces de supervisar y complementar los sistemas inteligentes.

Desde una perspectiva marxista, Roberts sostiene que la IA no modifica las leyes fundamentales del capitalismo. Puede aumentar la productividad del trabajo y reducir la necesidad de mano de obra, pero ello no garantiza un crecimiento sostenido si la rentabilidad continúa deteriorándose y si la demanda permanece limitada por salarios estancados.

En consecuencia, la inteligencia artificial aparece como una tecnología potencialmente transformadora, aunque subordinada a las contradicciones propias del sistema económico. El problema no sería la capacidad técnica de la IA, sino la forma en que el capital organiza su utilización.