La campaña antiargentina que lleva adelante el gobierno nacional pisa el acelerador cada día. El artículo «Ser Batavia» plantea una tesis central: el gobierno de Javier Milei no estaría impulsando únicamente un programa de ajuste económico, sino una transformación estructural del Estado argentino orientada a subordinar el país a los intereses del capital financiero y tecnológico global. La referencia a Batavia —la antigua capital de las Indias Orientales Holandesas, hoy Yakarta— funciona como metáfora de una colonia administrada en beneficio de corporaciones extranjeras antes que de su propia población.

Desde esa perspectiva, el autor sostiene que existe una arquitectura legislativa coherente integrada por el DNU 70/23, la Ley Bases, las reformas fiscales, laborales y ambientales, y una nueva serie de proyectos de ley que profundizarían ese rumbo. El argumento es que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino partes de un mismo programa destinado a reducir la capacidad regulatoria del Estado, favorecer la concentración económica y garantizar rentabilidad al gran capital internacional.

Uno de los ejes más importantes del texto es la cuestión de la tierra y los recursos naturales. El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» es presentado como un mecanismo para eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros, facilitar el acceso a zonas de frontera, glaciares y reservas de agua, y debilitar la protección jurídica de comunidades indígenas, campesinos e inquilinos rurales. El artículo interpreta estas reformas como un nuevo ciclo de extranjerización del territorio argentino.

En la misma dirección ubica al denominado Súper RIGI, que ampliaría los beneficios otorgados a grandes inversiones en minería, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energías renovables. Según el texto, la combinación de estabilidad fiscal por treinta años, libre disponibilidad de divisas, baja carga tributaria y posibilidad de acudir al CIADI consolidaría un régimen excepcional favorable a grandes conglomerados internacionales.

Otro aspecto novedoso es la crítica a la propuesta de crear una «sociedad automatizada», es decir, una persona jurídica administrada por algoritmos. El artículo contrapone esa iniciativa con la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cita la advertencia atribuida al historiador israelí Yuval Noah Harari, según la cual Buenos Aires correría el riesgo de convertirse no en una nueva Ámsterdam sino en una nueva Batavia: un espacio gobernado crecientemente por corporaciones tecnológicas antes que por instituciones democráticas.

También ocupa un lugar destacado la crítica a la denominada Inocencia Fiscal II, que, según el autor, invierte la carga de la prueba en materia tributaria y limita las capacidades de fiscalización del Estado, al tiempo que amplía beneficios para grandes patrimonios y funcionarios públicos.

Respecto del sistema financiero, el artículo sostiene que las modificaciones proyectadas para la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a consolidar un esquema donde los bancos financian crecientemente al Tesoro mediante instrumentos como LECAP y BONCAP. El texto cuestiona la idea oficial de independencia monetaria y afirma que el sistema financiero destina una porción sustancial de su capacidad crediticia al financiamiento de la deuda pública antes que a la economía productiva.

Finalmente, el artículo interpreta la política de recortes presupuestarios, paralización de obra pública y vetos presidenciales como una estrategia de «shutdown» del Estado. En lugar de limitarse al equilibrio fiscal, el objetivo sería reducir permanentemente las funciones estatales en educación, salud, infraestructura, previsión social y federalismo fiscal.

El texto ofrece una interpretación coherente basada en la teoría de la dependencia y en los enfoques sobre financiarización del capitalismo. Su principal fortaleza consiste en vincular distintas reformas dentro de un mismo proyecto político, en lugar de analizarlas aisladamente.

En este sentido, la metáfora de Batavia resulta potente porque resume la hipótesis central del artículo: la Argentina estaría transitando desde un modelo de Estado nacional hacia otro donde las decisiones estratégicas sobre recursos naturales, infraestructura, sistema financiero y desarrollo tecnológico quedan crecientemente condicionadas por intereses corporativos transnacionales, mientras disminuye la capacidad soberana de las instituciones democráticas para regular esos procesos. ¿Se van entendiendo los alcances de «la campaña antialgentina»?

Ceuta expresa la contradicción entre un capitalismo profundamente desigual y un régimen de fronteras extremadamente selectivo.

Europa necesita mano de obra migrante para diversos sectores productivos, pero procura administrar esos flujos de forma estrictamente controlada. Marruecos, por su parte, convierte esa capacidad de control en un recurso de negociación con Bruselas, obteniendo financiamiento, reconocimiento diplomático y ventajas económicas a cambio de contener los movimientos migratorios.

En ese esquema:

los trabajadores migrantes constituyen la parte más vulnerable;
Marruecos obtiene capacidad de presión internacional;
la Unión Europea busca preservar la estabilidad política interna frente al crecimiento de fuerzas antiinmigración;
las derechas europeas capitalizan electoralmente cada episodio de presión fronteriza.

En consecuencia, Ceuta es una crisis geopolítica porque la migración fue utilizada como herramienta de presión estatal; pero esa estrategia sólo es posible porque existen profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo que generan una oferta permanente de personas dispuestas a migrar. Reducir el fenómeno únicamente a la seguridad o únicamente a la pobreza deja fuera una parte esencial del problema. En La Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 681/2026) mediante el cual el gobierno de Javier Milei modificó aspectos de la Ley de Migraciones se inscribe en esta tendencia de usos de la inmigración por parte de la ultraderecha para actuar un nacionalismo del que en la práctica abjura, como veremos en la nota de Rovelli. La norma xenófoba fue publicada a fines de julio de 2026 y generó un intenso debate político y jurídico.

Los principales cambios son:

Se habilita a impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que incurran en conductas consideradas de «odio», discriminación o agravio contra los argentinos o los símbolos nacionales.
Se amplían las causales de expulsión para personas extranjeras que ya se encuentren en el país.
El Gobierno sostiene que la medida no alcanza a las críticas políticas, académicas o ideológicas, sino únicamente a expresiones que constituyan incitación al odio o a la violencia.
Los argumentos del Gobierno

El Poder Ejecutivo justificó el DNU afirmando que existió una «campaña antiargentina» durante el Mundial de Fútbol 2026 y que era necesario proteger a los ciudadanos argentinos frente a manifestaciones xenófobas o discriminatorias provenientes del exterior.

Las principales críticas

Diversos constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la medida por varias razones:

La amplitud e indeterminación del concepto de «agravio», que podría permitir interpretaciones discrecionales.
El uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la política migratoria, evitando el debate parlamentario.
El posible conflicto con garantías constitucionales sobre libertad de expresión y debido proceso.
El riesgo de utilizar la política migratoria como herramienta de política exterior o de confrontación política.
Una lectura política

Desde una perspectiva comparada, el decreto se inscribe en una tendencia observable en distintos gobiernos de derecha radical y nacionalista —como los de Donald Trump en Estados Unidos o varios ejecutivos europeos— que vinculan la política migratoria con la seguridad nacional y la defensa de la identidad nacional.

Desde una perspectiva crítica de clase, puede interpretarse como parte de un proceso de securitización de la migración: el fenómeno migratorio deja de abordarse principalmente como una cuestión de derechos humanos o de mercado de trabajo para convertirse en un problema de orden público y soberanía. Al mismo tiempo, sus críticos sostienen que este tipo de medidas puede contribuir a desplazar el debate público desde los problemas económicos y sociales internos hacia la identificación de amenazas externas o de «enemigos» simbólicos, una derva de «La campaña antiargentina» que soportamos tras la derrota en la final del mundial 2026 donde los argentino volvimos a ser derechos y humanos … un ratito, hasta este decreto nefasto, por ejemplo. ¯\_(ツ)_/¯i

Podemos desacelerar en la periferia del sistema capitalista? Esa es precisamente una de las principales preguntas y objeciones que se le hace a Kohei Saito. Su propuesta de «desaceleración» (degrowth o decrecimiento) adquiere una dimensión muy distinta cuando se la observa desde la periferia del capitalismo y no desde las economías centrales.

Saito sostiene que la crisis ecológica no puede resolverse manteniendo un imperativo de crecimiento infinito. Inspirándose en una lectura de Karl Marx, plantea reducir la producción de bienes superfluos, acortar la jornada laboral, ampliar los bienes comunes y reorganizar la economía en función de las necesidades sociales antes que de la rentabilidad.

Sin embargo, esa propuesta enfrenta un problema estructural.

El Norte y el Sur no parten del mismo lugar. Los países centrales acumularon durante más de dos siglos enormes niveles de riqueza gracias a:

la industrialización temprana;
la apropiación colonial de recursos;
el intercambio desigual con la periferia;
una elevada productividad tecnológica.

En cambio, gran parte de América Latina, África y parte de Asia todavía presentan déficits en infraestructura, vivienda, salud, educación, transporte y capacidad industrial y están sometidos con La Argentian a gobiernos que los despojan de recursos materiales e institucionales de manera creciente y exponencial.

Para millones de personas de la periferia, «consumir menos» no significa dejar de comprar un tercer automóvil o realizar menos vuelos internacionales, sino que puede implicar renunciar a satisfacer necesidades básicas que aún no están cubiertas.

Ahí aparece una contradicción importante.

¿Puede la periferia decrecer?

Desde una perspectiva marxista dependencista, la respuesta suele ser negativa.

Autores como Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos o Samir Amin sostienen que el problema de la periferia nunca fue el exceso de crecimiento sino la forma subordinada en que crece.

La cuestión no sería producir menos, sino producir de otra manera y para otros fines.

Es decir:

industrializarse;
agregar valor;
desarrollar ciencia y tecnología;
sustituir importaciones estratégicas;
mejorar salarios;
disminuir la dependencia financiera y tecnológica.

En otras palabras, la periferia necesita transformar su estructura productiva antes que reducirla.

El intercambio ecológicamente desigual

Aquí aparece un punto donde Saito y la teoría de la dependencia pueden complementarse.

El Norte global externaliza buena parte de sus costos ambientales hacia el Sur.

Ejemplos:

minería del litio;
soja;
petróleo;
cobre;
tierras raras;
pesca;
deforestación.

Los impactos ecológicos quedan en los países exportadores mientras el consumo ocurre principalmente en las economías desarrolladas.

Por eso muchos autores hablan de un intercambio ecológicamente desigual: el centro importa naturaleza barata y exporta manufacturas y tecnología caras.

Una lectura desde América Latina

Autores como Eduardo Gudynas o Alberto Acosta proponen una posición intermedia.

No se trata simplemente de crecer o decrecer.

Se trataría de:

decrecer en sectores ambientalmente destructivos;
crecer en salud, educación, investigación científica y energías limpias;
abandonar el extractivismo como eje permanente de acumulación.

Es un cambio cualitativo más que una reducción cuantitativa del producto.

¿Qué ocurre con Argentina?

Argentina ilustra bien esta tensión.

Si aplicara una política de decrecimiento en el sentido estricto de Saito, podría profundizar problemas ya existentes:

desindustrialización;
desempleo;
restricción externa;
dependencia tecnológica;
menor capacidad estatal.

Pero tampoco resulta sostenible reproducir un patrón basado exclusivamente en exportar materias primas para obtener divisas.

El desafío no es «producir menos» sino disputar qué se produce, quién decide la producción, cómo se distribuye el excedente y cuáles son los costos ambientales que asume cada clase social.

Una posible síntesis

La propuesta de Saito es especialmente convincente como crítica al hiperconsumo de las economías desarrolladas. Allí, reducir el consumo material puede mejorar tanto la sostenibilidad ambiental como la calidad de vida.

En la periferia, en cambio, la cuestión es distinta. Un proyecto emancipador difícilmente pueda prescindir de cierto crecimiento económico, pero ese crecimiento debería orientarse a satisfacer necesidades sociales, fortalecer la soberanía productiva y reducir la dependencia externa, en lugar de reproducir un modelo extractivista y financieramente subordinado.

En ese sentido, una síntesis entre Saito y la teoría marxista de la dependencia podría formularse así: el Norte debería decrecer en consumo material y apropiación de recursos, mientras que la periferia necesita transformarse estructuralmente para poder desarrollarse dentro de límites ecológicos, con mayor autonomía y justicia distributiva. Veamos en esta entrevista la mirada de Saito que, más allá de críticas, merece la pena política y conceptualmente.