En una entrevista atravesada por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, Abel Prieto sostiene que la ofensiva estadounidense contra Cuba busca producir las condiciones materiales y psicológicas para una ruptura política. Pero advierte que el poder imperial tiene límites. Su reflexión sobre la guerra cultural, los “pobres de derecha” y la destrucción de la capacidad crítica resulta particularmente pertinente para comprender el avance contemporáneo de las nuevas derechas.

La afirmación de Prieto —“combatimos contra un enemigo muy poderoso, pero no todopoderoso”— condensa una concepción del conflicto internacional que excede ampliamente la cuestión cubana. Washington conserva una capacidad económica, financiera, tecnológica, militar y comunicacional extraordinaria, pero esa capacidad no equivale a omnipotencia. El dato estratégico central es precisamente ese: la hegemonía no significa dominio absoluto.

El caso cubano constituye un laboratorio extremo. Según Prieto, la actual política estadounidense ya no puede ser caracterizada simplemente como bloqueo comercial: se trata de una estrategia de asfixia multidimensional, dirigida contra combustible, alimentos, medicamentos, transporte, turismo, cooperación médica y vínculos empresariales internacionales. El objetivo político sería provocar un deterioro social suficientemente profundo como para convertir la crisis económica en crisis de legitimidad y, finalmente, en ruptura política.

El artículo de Viento Sur plantea una cuestión central que permite salir de la lectura convencional de la deuda venezolana: no se trata simplemente de cuánto debe Venezuela, sino de quién tiene capacidad efectiva para cobrar, administrar y condicionar esa deuda.

La narrativa oficial presenta la experiencia mileísta como una recuperación basada en el equilibrio fiscal, la desinflación y la apertura económica. Pero detrás de las variables macroeconómicas aparece otra realidad: contracción del consumo, deterioro del mercado laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y una creciente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quién captura ese crecimiento y quién paga el costo de su estabilización.

El texto desarrollará especialmente la contradicción entre estabilización macroeconómica y reproducción social, evitando reducir el análisis a la discusión sobre déficit, inflación o PIB. La hipótesis central será que el programa de Milei no constituye simplemente un plan de ordenamiento fiscal, sino una reconfiguración regresiva de la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo.

La cuestión es especialmente relevante porque el propio oficialismo comienza a modificar su política económica. Bloomberg señaló en agosto que el Gobierno está flexibilizando algunos aspectos del ajuste monetario procurando inyectar liquidez para reactivar una economía cuyo enfriamiento empieza a afectar la percepción social. No se trata de un detalle técnico: constituye el reconocimiento implícito de que la estabilidad macroeconómica neoliberal por sí sola, no garantiza estabilidad política y menos aún eficacia electoral.