El artículo de Viento Sur plantea una cuestión central que permite salir de la lectura convencional de la deuda venezolana: no se trata simplemente de cuánto debe Venezuela, sino de quién tiene capacidad efectiva para cobrar, administrar y condicionar esa deuda.

La narrativa oficial presenta la experiencia mileísta como una recuperación basada en el equilibrio fiscal, la desinflación y la apertura económica. Pero detrás de las variables macroeconómicas aparece otra realidad: contracción del consumo, deterioro del mercado laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y una creciente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quién captura ese crecimiento y quién paga el costo de su estabilización.

El texto desarrollará especialmente la contradicción entre estabilización macroeconómica y reproducción social, evitando reducir el análisis a la discusión sobre déficit, inflación o PIB. La hipótesis central será que el programa de Milei no constituye simplemente un plan de ordenamiento fiscal, sino una reconfiguración regresiva de la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo.

La cuestión es especialmente relevante porque el propio oficialismo comienza a modificar su política económica. Bloomberg señaló en agosto que el Gobierno está flexibilizando algunos aspectos del ajuste monetario procurando inyectar liquidez para reactivar una economía cuyo enfriamiento empieza a afectar la percepción social. No se trata de un detalle técnico: constituye el reconocimiento implícito de que la estabilidad macroeconómica neoliberal por sí sola, no garantiza estabilidad política y menos aún eficacia electoral.

El primer debate presidencial francés, celebrado el jueves, fue organizado por la agrupación empresarial Medef. Los empresarios rieron cuando el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, pidió aumentos salariales, pero él hablaba muy en serio. La fórmula francesa «más trabajo, menos gasto público» tiene un paralelo evidente con la narrativa libertaria argentina: reducción del Estado, desregulación, disminución de cargas laborales, subordinación del salario a la competitividad y transformación de los derechos sociales en «costos».

Pero existe una diferencia fundamental.

En Francia, la disputa todavía se desarrolla dentro de una sociedad con una tradición de derechos sociales, organización sindical y Estado de bienestar mucho más consolidada. Por eso la ofensiva empresarial necesita presentarse como una inevitable modernización frente a la deuda, la competitividad y el envejecimiento demográfico.

En Argentina, en cambio, el programa de ajuste puede avanzar sobre una estructura social mucho más vulnerable.

El punto de contacto es precisamente éste:

la cuestión central no es cuánto debe gastar el Estado, sino quién absorbe el costo del ajuste.

Si el ajuste recae sobre salarios, jubilaciones, empleo público, servicios sociales y regulación laboral, estamos frente a una socialización de los costos de la crisis mientras se preservan o expanden determinados espacios de rentabilidad privada.