El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra ha escrito algunas de las obras más incisivas sobre las heridas persistentes del imperialismo, las promesas incumplidas de la modernidad y las tradiciones intelectuales poscoloniales desplazadas por los relatos centrados en Europa y Estados Unidos. En esta entrevista, Mishra repasa su formación intelectual en la India poscolonial, el impacto cultural de la Unión Soviética en Asia, las posibilidades y límites de la tradición socialista, las promesas truncas del antiimperialismo y la crisis moral de Occidente ante el ascenso de las extremas derechas, la islamofobia, el nacionalismo hindú de Narendra Modi y la ofensiva israelí sobre Gaza. Leyendo la entrevista veremos que Milei representa una versión particularmente radical de aquello que Mishra identifica como crisis del liberalismo: un discurso que presenta al mercado como principio ordenador de la sociedad y al Estado como obstáculo, mientras procura una reconfiguración profunda de las relaciones de poder entre capital y trabajo.

Pero hay una diferencia importante: en Argentina, esa operación se realiza sobre una sociedad con una tradición histórica mucho más fuerte de Estado social, sindicalismo, movilidad ascendente y derechos laborales.

Por eso el conflicto no es meramente económico. Es también una disputa por la memoria histórica de lo que constituye una sociedad legítima.

Desde esta perspectiva, Milei y su gobierno pueden ser interpretados como parte de una tendencia internacional que Mishra describe, pero con una particularidad argentina: la radicalización neoliberal intenta desarmar instituciones construidas durante décadas de conflicto entre capital y trabajo sin que haya aún una oposición dispuesta a enfrentar frontalmente la deconstrucción.

El ICE está construyendo una gigantesca reserva genética de migrantes que alimenta la principal base de ADN criminal de Estados Unidos. Lo que comienza como política de control fronterizo abre una nueva fase del capitalismo de vigilancia: la apropiación estatal de información biológica de poblaciones vulnerables para usos policiales presentes y futuros. La comparación con Milei es pertinente, pero hay que hacerla con precisión: Argentina no está en el punto del “saqueo genético” del ICE que describe Sgarzini; está avanzando en la construcción de una infraestructura de vigilancia biométrica, digital y migratoria que podría constituir el sustrato para una expansión futura.

La similitud más importante no está todavía en el ADN, sino en la lógica política. Trump convierte al migrante en objeto privilegiado de extracción de información biológica; Milei está desplazando la cuestión migratoria desde un paradigma de derechos hacia uno de seguridad, control e inteligencia. El DNU 366/2025 endureció el régimen migratorio y el Gobierno incorporó mecanismos de autenticación biométrica en los pasos fronterizos.

El paralelismo se vuelve más significativo cuando se observa la expansión de las tecnologías de vigilancia en Argentina. En 2024-2025 el Gobierno incorporó herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes y plataformas de análisis de información; además, en 2026 se informó sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de cruzar información proveniente de distintos organismos estatales.

La cuestión de fondo es quién controla esos datos y para qué. Una base biométrica no es simplemente una herramienta administrativa: cuando se articula con inteligencia artificial, reconocimiento facial, información migratoria, antecedentes, redes sociales y bases estatales, puede convertirse en una infraestructura de clasificación y vigilancia de la población.

Y aquí aparece una diferencia importante entre Trump y Milei. En Estados Unidos, el dispositivo tiene una escala y una acumulación genética muy superiores. En Argentina, el proceso está más avanzado en el terreno de la biometría, la vigilancia digital y la securitización de la migración. El peligro no reside entonces en afirmar que Milei ya está haciendo lo mismo que ICE, sino en advertir que se está construyendo una arquitectura tecnológica compatible con una expansión de esas prácticas.

Hay además una dimensión de clase particularmente clara. La población migrante pobre constituye el primer objetivo de esta transformación. El Gobierno ha endurecido los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina y ha asociado crecientemente migración, seguridad y criminalidad. Paralelamente, mantiene mecanismos destinados a facilitar la radicación de extranjeros que aporten capital.

Es decir: fronteras más cerradas para el migrante pobre y puertas selectivamente abiertas para el capital extranjero.

Ese contraste permite formular una hipótesis política más amplia: el neoliberalismo de Milei no elimina al Estado; lo reconfigura y amplía. Reduce sus funciones sociales y amplía sus capacidades de vigilancia, identificación, disciplinamiento y protección de la propiedad.

La comparación con el modelo Trump resulta entonces reveladora: el Estado que se retira de la protección social reaparece fortalecido como Estado policial, fronterizo y tecnológico.

El ADN es apenas el límite extremo de una transformación más amplia: cuando el Estado deja de garantizar derechos y comienza a clasificar cuerpos, migrantes y ciudadanos mediante tecnologías de vigilancia, la información personal se convierte en un nuevo recurso estratégico del poder.

¿Cuánto falta para que la biometría migratoria, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y las bases de datos estatales dejen de ser instrumentos administrativos y se conviertan en una verdadera infraestructura de vigilancia social?

Ayer se dió un paso central para consolidar el modelo peruano en La Argentina, aunque conviene hacer una precisión conceptual: el caso peruano no demuestra que el Banco Central haya quedado literalmente “por encima” del poder político. Lo que muestra es algo más sofisticado: una autonomización institucional de la política monetaria, acompañada por una fuerte inestabilidad del sistema presidencial. Julio Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006, atravesando los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hemos analizado acá lo suficiente sobre la fragilidad del sistema de representación, su fragmentación estructural en un contexto donde el principal liderazgo de plexo nacional encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo intento de supresión física se cumplirán 4 años, hoy proscripto y cumpliendo prisión rigurosa sin fundamentos legales conocidos.