Cuando el poder judicial se arroga la facultad de tachar nombres de las boletas electorales de por vida bajo ficciones jurídicas, no sólo juzga a una persona, sino que mantiene amputado el derecho de las mayorías a elegir su propio destino. La tesis del artículo es que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner no representa únicamente la exclusión de una dirigente política, sino una restricción del derecho democrático de la sociedad a elegir a sus representantes, configurando un mecanismo de disciplinamiento político que fortalece a los poderes económicos y judiciales por encima de la voluntad popular. Así las cosas, debilidad estructural de origen que afectará a los eventuales candidatos, estará anclada en la lógica del simulacro democrático donde es posible votar, pero no elegir. Habrá consecuencias.

La ruptura de Montoneros con la conducción de Perón sin duda fue la de mayor densidad política e histórica dentro del extenso historial de rupturas con la conducción que recorren el peronismo desde el año 1955 hasta nuestros días. En retrospectiva, esta solicitada del inicio de la extensa nota, constituye una fuente primaria de gran valor porque muestra que, en marzo de 1974, el desenlace aún no era inevitable: dentro de Montoneros existían corrientes que defendían una estrategia de subordinación a la conducción política de Perón y buscaban evitar la fractura que terminaría marcando el final de esa etapa del peronismo revolucionario y una tragedia para el peronismo en su conjunto. En el cierre, el doctor Javier Salcedo nos va a introducir en uno de los temas más complejos de los años setenta, la agrupación Montoneros. Javier nos va a contar desde sus orígenes, organización y relación con los diferentes grupos políticos el cual nos lleva a un acercamiento a su accionar en su contexto hasta la trágica ruptura con Juan Perón.

La declaración patrimonial de Donald Trump expone un cambio histórico en su estructura de negocios: las criptomonedas desplazaron al negocio inmobiliario como principal fuente de riqueza. Los ingresos superiores a US$1.400 millones provenientes de activos digitales vuelven a colocar en el centro del debate los posibles conflictos entre la política pública y los intereses privados del presidente estadounidense. El dato más relevante de esta nota no es únicamente el volumen de ingresos, sino que éstos provienen de un sector que la propia administración Trump impulsó desde el gobierno mediante una política de desregulación, apoyo institucional y promoción de Estados Unidos como centro mundial de las criptomonedas. Esa coincidencia ha reavivado las críticas de especialistas en ética pública y de dirigentes opositores, quienes advierten sobre posibles conflictos de interés entre las decisiones presidenciales y los beneficios económicos privados del mandatario. La Casa Blanca rechaza esas acusaciones y sostiene que no existe incompatibilidad legal. De todas maneras los 2.000 millones de Trump, empalidecen frente a los US$ 5.000 millones tomados por el ministro de Economía, Luis Caputo (Decreto 478/2026), que corresponden a una operatoria de crédito público. Obviamente el funcionario defendió la medida aclarando los siguientes puntos clave: No es nueva deuda: Se trata de una operación de refinanciamiento diseñada para cancelar compromisos existentes y mejorar los costos financieros.Tasa de interés: La tasa pactada para estas operaciones es del 6% anual. Jurisdicción: La normativa autoriza ceder jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York. Donald un poroto