El proyecto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un resultado primario positivo del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé exportaciones por unos US$133.000 millones. Son objetivos macroeconómicos ambiciosos y, particularmente en materia de crecimiento, contrastan con estimaciones privadas más moderadas.

Pero el dato político está en otro lugar: qué estructura de gasto hace posible ese resultado fiscal.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas calcula que el gasto total previsto para 2027 sería de $202,1 billones, 26,7% inferior en términos reales al gasto ejecutado en 2023, aunque superior al presupuesto 2026. Es decir, una eventual recuperación respecto del piso de 2026 no implica recomponer el nivel de presencia estatal existente antes de Milei.

Por eso, presentar el Presupuesto simplemente como un aumento del gasto respecto de 2026 puede resultar engañoso: el punto de comparación decisivo es qué Estado queda después de varios años de licuación y recorte.

La cuestión provincial

Aquí aparece una de las contradicciones más interesantes.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA están proyectadas en unos $104 billones, con un incremento real estimado del 7,5% respecto de 2026. Pero las transferencias no automáticas presentan una caída real cercana al 1,8%.

Esto significa que la discusión no puede reducirse a si “aumenta o disminuye la coparticipación”. Hay que distinguir entre recursos automáticos establecidos por el régimen de coparticipación y recursos discrecionales cuya asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo.

Esa diferencia tiene una consecuencia política concreta: reduce el margen de negociación de los gobernadores y transforma la relación fiscal Nación-provincias en un problema estructural. La promesa de mayores recursos automáticos puede coexistir con una Nación que conserva una fuerte capacidad de disciplinamiento mediante las partidas discrecionales.

La cuestión central aparece cuando se observa qué se protege y qué se comprime.

El presupuesto mantiene como componentes enormes las prestaciones de seguridad social —ANSES representa aproximadamente el 65,5% del gasto nacional localizado en las jurisdicciones provinciales analizadas—, pero al mismo tiempo aparecen cuestionamientos por las restricciones previstas para educación, ciencia, salud y políticas sociales.

En paralelo, el proyecto contempla un fortalecimiento significativo de áreas de inteligencia, defensa y ciberseguridad. La partida del Centro Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, aparece con un incremento de 697,9%, mientras organismos científicos y tecnológicos enfrentan reducciones.

Ahí aparece la verdadera discusión: no existe “ajuste” en abstracto. Todo ajuste supone una distribución de costos y beneficios.

Cuando se reduce la capacidad estatal para financiar educación, investigación, infraestructura, asistencia o salud, el costo no desaparece: se desplaza hacia los hogares, las provincias, los trabajadores y los sectores sociales que deben sustituir con recursos propios aquello que antes proveía el Estado.

Al mismo tiempo, el presupuesto preserva la prioridad del equilibrio fiscal y del pago de la deuda. El proyecto contempla alrededor de $18,6 billones destinados a servicios de deuda.

Por eso, la pregunta política que deja abierto el Presupuesto 2027 es mucho más profunda que la discusión sobre una determinada partida: ¿qué intereses sociales quedan protegidos cuando el superávit fiscal se convierte en el principio ordenador del Estado?

La respuesta no está solamente en los números del proyecto. Está en la comparación entre lo que el Estado deja de hacer y aquello que decide seguir financiando.

El “no hay plata” deja entonces de ser una descripción de la realidad para convertirse en una decisión acerca de dónde poner la plata que sí hay, pero ¿para quien?. Ahí está el presupuesto como respuesta.

La conversación con Maisa Bascuas permite pensar el feminismo popular como una tradición latinoamericana de lucha que articula género, clase, territorio y soberanía. Desde las revoluciones independentistas y la Revolución Cubana hasta las huelgas feministas contemporáneas, esta perspectiva cuestiona la explotación capitalista, el patriarcado, el racismo y el endeudamiento como dimensiones de una misma estructura de dominación. El feminismo deja así de ser solamente una agenda de derechos individuales para convertirse en una práctica colectiva de organización y resistencia: si nuestras vidas sostienen la reproducción de la sociedad, detener ese trabajo también puede convertirse en una herramienta de poder popular.

Las elecciones rusas transcurren bajo una fuerte continuidad política y en un contexto económico cada vez más condicionado por la guerra. El problema que plantea Michael Roberts no es solamente quién obtiene los votos, sino qué capacidad tiene el sistema para producir una salida al estancamiento económico, la dependencia de una economía de guerra y el conflicto prolongado con Ucrania. Detrás de la estabilidad política aparece una contradicción: mientras el Estado puede sostener el esfuerzo bélico mediante el gasto público y la movilización de recursos, la economía civil enfrenta límites crecientes y una perspectiva de bajo crecimiento. La guerra, lejos de ser una variable externa, se convierte así en un componente estructural del funcionamiento económico y político ruso.

La cuestión central es la relación entre estabilidad política y estancamiento económico: una estabilidad que puede sostenerse mientras continúe la capacidad estatal para financiar la guerra, pero que enfrenta tensiones cuando ese mecanismo deja de traducirse en mejoras materiales para la población.