El economista Michael Roberts analiza en su último artículo las principales discusiones del XIX Congreso de la World Association of Political Economy (WAPE), realizado en la Universidad de Greenwich, Londres, con la participación de más de 150 investigadores y más de un centenar de ponencias. El encuentro tuvo como eje la vigencia de Adam Smith, a 250 años de La riqueza de las naciones, pero extendió el debate hacia el imperialismo, la financiarización, la inteligencia artificial, la teoría del valor y el ascenso de China.

Uno de los puntos centrales fue la disputa por la apropiación de Adam Smith. Frente a la tradición neoliberal que lo convirtió en fundador ideológico del laissez-faire, los economistas marxistas reunidos en WAPE sostienen que Smith tenía una concepción bastante más compleja: reconocía la importancia de la división social del trabajo y del mercado, pero también el papel del Estado, las normas morales y las contradicciones de la sociedad comercial. Roberts destaca especialmente la tensión entre La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones.

Desde una perspectiva marxista, la contradicción fundamental de Smith aparece en su teoría del valor. Aunque reconoció al trabajo como fuente de la riqueza, terminó incorporando una concepción basada en los llamados factores de producción —salarios, ganancias y renta—. Marx consideró que esa contradicción era significativa porque Smith había identificado problemas que sus sucesores resolverían tomando posiciones opuestas. Para Roberts, la economía convencional terminó descartando la teoría del valor-trabajo y consolidando la visión de los factores productivos.

La parte más relevante del artículo aparece cuando Roberts aborda el imperialismo y la relación entre centro y periferia. Su tesis es contundente: bajo las actuales relaciones imperialistas, los países pobres difícilmente podrán cerrar la brecha de ingresos, productividad y desarrollo humano respecto del Norte Global.

La explicación no se limita a una diferencia tecnológica interna. Roberts plantea que existe una transferencia persistente de valor desde el Sur hacia el Norte, mientras que la rentabilidad del capital en las economías periféricas cae más rápidamente que aumenta la productividad laboral. Esto restringe la inversión y reproduce el atraso relativo.

La excepción sería China, cuya dinámica de inversión depende menos de la rentabilidad inmediata que la de otras grandes economías periféricas. Roberts estima que China podría alcanzar hacia 2041 los niveles actuales de ingreso de los países de altos ingresos y aproximarse a sus niveles proyectados hacia 2046. Ninguno de los demás BRICS tendría, según su proyección, posibilidades semejantes en las próximas dos décadas.

Otro dato particularmente importante es el referido a la riqueza financiera offshore. Roberts cita estimaciones según las cuales entre US$7,6 y US$36 billones de riqueza financiera no tributada se encontraban depositados offshore hacia 2015, con un crecimiento anual estimado de entre US$200.000 y US$850.000 millones. La magnitud resulta especialmente significativa cuando se la compara con los aproximadamente US$153.000 millones de asistencia oficial al desarrollo de los países de la OCDE.

El mecanismo tiene una dimensión de clase evidente: la evasión y elusión fiscal internacional permite que una fracción extraordinariamente concentrada de la riqueza escape de los sistemas tributarios nacionales. Roberts señala que aproximadamente la mitad de la riqueza ubicada en paraísos fiscales pertenecería al 0,01% más rico, mientras que cerca del 77% estaría en manos del 0,1%.

Así, el imperialismo contemporáneo no opera solamente mediante comercio desigual o dominación política directa. También lo hace mediante flujos financieros, estructuras corporativas offshore, deuda, propiedad transnacional y apropiación fiscalmente privilegiada del excedente.

Roberts polemiza además con una parte de la literatura heterodoxa que interpreta la financiarización como una transformación cualitativa del capitalismo, en la que las ganancias financieras habrían adquirido autonomía respecto de la explotación del trabajo.

Su argumento marxista es diferente: el capital ficticio no constituye una fuente independiente de valor. Es, fundamentalmente, una apuesta sobre la futura extracción de plusvalor. Las ganancias financieras pueden redistribuir el excedente producido en la esfera productiva, pero no crean valor autónomamente.

Esta distinción es fundamental. Para Roberts, hablar de capital ficticio no significa hablar de un capital «virtual» desligado de la producción. El capital financiero sigue conectado, aunque indirectamente y mediante múltiples mediaciones, con la capacidad futura del sistema para generar plusvalor.

El aporte más potente del artículo puede sintetizarse así: la desigualdad internacional no es simplemente el resultado de que algunos países sean más productivos que otros; es también una relación estructural mediante la cual el excedente producido en la periferia es apropiado, transferido o capturado por el capital concentrado en el centro.

Desde esta perspectiva, la financiarización no reemplaza al capitalismo productivo sino que constituye una de sus formas de valorización y redistribución del excedente. Y los paraísos fiscales funcionan como una infraestructura fundamental para esa concentración.

Esto permite establecer una conexión particularmente relevante con América Latina y Argentina: la fuga de capitales, la deuda externa, la extranjerización de activos estratégicos y la transferencia de excedentes hacia centros financieros internacionales pueden ser analizadas no como fenómenos aislados, sino como componentes de una misma estructura de subordinación periférica.

La cuestión decisiva, entonces, no es simplemente cuánto crece una economía periférica, sino quién se apropia del excedente que produce y dónde termina ese excedente. Esa es, en última instancia, la pregunta de clase que atraviesa todo el texto de Roberts.

Una precisión importante: las proyecciones de Roberts sobre China y la persistencia de la brecha Norte-Sur son hipótesis analíticas, no hechos establecidos. Su valor reside en el marco teórico y empírico que propone para explicar la reproducción de las desigualdades globales

El informe permite ir más allá de la discusión contable sobre “déficit versus superávit”. Lo que aparece es una recomposición de las prioridades del Estado.

El ajuste no consiste simplemente en que el Estado gaste menos: gasta menos en determinadas funciones y preserva o incrementa otras. La reducción particularmente intensa de educación, ciencia, infraestructura, políticas alimentarias, desarrollo productivo y asistencia a provincias y municipios supone una transferencia de recursos desde funciones de reproducción social y desarrollo económico hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal, los servicios de la deuda y determinados aparatos estratégicos del Estado.

El dato de +33% real en Inteligencia, colocado junto al desplome de políticas sociales y educativas, resulta políticamente significativo.

En términos de estructura social, puede sintetizarse así: el Estado reduce su intervención allí donde ésta funciona como mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, mientras conserva una fuerte capacidad de intervención en áreas vinculadas con la deuda, el control y la seguridad.

Esto permite caracterizar el programa fiscal del gobierno de Milei no solamente como un programa de reducción del gasto, sino como una reorientación clasista del gasto público.

Hay además una diferencia metodológica importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando otra base y otra comparación interanual, informa para los primeros siete meses de 2026 una caída real del gasto de la Administración Nacional mucho menor, del 0,8% interanual. Esto no invalida el diagnóstico del CEPA: significa que la comparación elegida —2026 contra 2023— es decisiva para medir la magnitud del ajuste acumulado durante el ciclo de gobierno de Milei.

La conclusión política es, entonces, más fuerte que el simple dato del superávit: el equilibrio fiscal se está construyendo mediante una profunda modificación de la composición del gasto público. El interrogante central deja de ser cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién pierde, quién conserva y quién gana con esa redistribución de los recursos públicos.

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.

Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.

Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.

El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.

Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.

En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.