Por un ahorro fiscal marginal, el Gobierno está dispuesto a desmantelar una infraestructura científica construida durante años. El cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) no es simplemente una medida de austeridad: expresa una decisión política sobre qué capacidades colectivas conserva el Estado, cuáles abandona y quién ocupa el espacio que deja vacío.

Según el análisis publicado por Monthly Review Online, el presupuesto del INMeT para 2025 rondaba los 617.692 dólares y el ahorro efectivo derivado de su cierre sería de aproximadamente 103.000 dólares anuales, descontando salarios que continuarían. A cambio, se desarticula una institución con 11 hectáreas, unos 10.000 metros cuadrados de laboratorios y equipamiento científico de alta complejidad. La desproporción revela que el problema no es contable: es político.

Ubicado en Puerto Iguazú, el INMeT investiga enfermedades tropicales y problemas epidemiológicos propios de una región fronteriza con Brasil y Paraguay. Su desmantelamiento retira capacidad científica del territorio donde cumple una función estratégica. Un laboratorio, una red de vigilancia o un investigador especializado no son partidas intercambiables: constituyen capacidades acumuladas durante años y difíciles de reconstruir cuando desaparecen.

El discurso del ajuste convierte esas capacidades en “gasto”. Pero el proyecto neoliberal no se limita a reducir el Estado: modifica la relación de fuerzas entre lo público y lo privado. Allí donde el Estado deja de producir conocimiento, investigación o capacidades sanitarias, el mercado gana espacio; y el mercado distribuye esos bienes según rentabilidad y capacidad de pago, no según necesidad social. La desigualdad, por tanto, no desaparece con el retiro estatal: cambia de forma.

La dimensión territorial y estratégica es inseparable de esa operación. Concentrar recursos en los grandes centros mientras se desarman instituciones instaladas en las regiones reproduce una estructura histórica: el centro conserva recursos y decisión; las periferias quedan con los problemas y pierden herramientas para resolverlos. Al mismo tiempo, un país que desmantela laboratorios, investigadores y sistemas de vigilancia aumenta su dependencia científica y tecnológica. La dependencia también se construye desde adentro cuando se renuncia a las capacidades que permiten reducirla.

Por eso el caso del INMeT excede a la institución. Expone un método: convertir lo público en una cifra de gasto, presentarlo como burocracia, justificar su eliminación en nombre de la eficiencia y ocultar que cada cierre también redistribuye capacidades y poder. La vieja fórmula de Margaret Thatcher —“no existe la sociedad”— encuentra aquí una traducción concreta: si sólo existen individuos, las instituciones que organizan respuestas colectivas pueden presentarse como obstáculos. Pero una epidemia no se enfrenta con individuos aislados ni una emergencia sanitaria se resuelve mediante el mercado.

Los gigantes no son los pequeños organismos públicos acusados de consumir recursos. El verdadero gigante es la capacidad colectiva que permite a una sociedad producir conocimiento, proteger su territorio y disputar su dependencia.

Cuando esa capacidad se destruye en nombre del ahorro, la pregunta decisiva no es cuánto dinero se economiza, sino qué intereses se fortalecen cuando aquello que fue construido colectivamente deja de ser considerado un bien común.

El fenómeno de endeudamiento puede sintetizarse así: primero cae el salario real → aumentan los costos esenciales → se reduce el ingreso disponible → el hogar se endeuda para sostener el consumo → llega la morosidad → la deuda deja de ser una solución transitoria y se convierte en otra forma de ajuste.

Por eso, la morosidad récord no es simplemente un problema de quienes “no pagan”. Es también un indicador de la incapacidad de los ingresos laborales y previsionales para acompañar el costo de reproducción de la vida.

La revolución digital no terminó con la explotación: la hizo más veloz, más global y, en buena medida, más invisible. Detrás de la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas existe una gigantesca infraestructura material sostenida por trabajadores, energía, agua, minerales y territorios. Benjamin Selwyn advierte que la digitalización no separa al capitalismo de la destrucción ambiental: puede convertirla en un proceso más eficiente y extendido.

De allí el concepto de “ecocidio sistémico”: la destrucción de la naturaleza no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia incorporada al funcionamiento cotidiano de las cadenas globales de valor. La misma dinámica que presiona sobre los trabajadores presiona sobre los territorios. La explotación laboral y la apropiación de la naturaleza no son procesos independientes: forman parte de una misma lógica de acumulación.

La tecnología promete eficiencia, pero el capitalismo puede convertir esa eficiencia en más consumo. La llamada paradoja de Jevons muestra precisamente esa contradicción: cuando una tecnología reduce el costo de utilizar un recurso, su consumo puede aumentar en lugar de disminuir. Por eso no alcanza con afirmar que una economía más digital será necesariamente una economía más sustentable.

El litio concentra buena parte de esta contradicción. Las baterías necesarias para la transición energética requieren minerales cuya extracción demanda territorios, agua y trabajo. Selwyn muestra cómo esa cadena puede producir contaminación, agotamiento de recursos hídricos, degradación ambiental y riesgos laborales. La transición verde no elimina automáticamente las relaciones de explotación: puede trasladarlas hacia otros territorios y otros eslabones de la cadena global.

Lo mismo ocurre con la economía digital. La nube no flota en el aire. Necesita centros de datos, electricidad, chips, cables, minerales, dispositivos y enormes cantidades de infraestructura. Tampoco desaparece el trabajo: se reorganiza mediante sistemas capaces de monitorear, disciplinar y coordinar proveedores y trabajadores dispersos por el planeta. La digitalización, entonces, no desmaterializa el capitalismo: digitaliza su capacidad de organizar la producción y de ejercer control sobre ella.

Aquí aparece la cuestión central: ¿quién controla esa tecnología y quién paga sus costos? Las grandes empresas pueden utilizar la digitalización para coordinar cadenas cada vez más extensas, mientras los costos materiales, sociales y ambientales quedan distribuidos entre trabajadores, comunidades y territorios. El capital digitaliza la producción, pero no digitaliza sus costos.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y transición energética no puede reducirse a una cuestión tecnológica. Es también una discusión sobre poder, propiedad y distribución. Si la innovación permanece subordinada a la acumulación, una tecnología más eficiente puede significar simplemente una capacidad mayor para extraer recursos, intensificar el trabajo y ampliar los mercados.

El desafío planteado por Selwyn va en otra dirección: imponer límites ecológicos, prolongar la vida útil de los dispositivos, garantizar reparación, reducir la obsolescencia y someter las infraestructuras digitales a formas de control público y democrático.

La paradoja del capitalismo digital es que cuanto más “virtual” parece, más material puede ser su huella. La inteligencia artificial no elimina la vieja relación entre capital, trabajo y naturaleza. La reorganiza bajo nuevas tecnologías. Y detrás de cada algoritmo, cada centro de datos y cada batería sigue existiendo la misma pregunta que el capitalismo intenta ocultar: quién se apropia de los beneficios y quién soporta los costos.