Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de su larga guerra contra Venezuela. Tras agotar las herramientas económicas y diplomáticas, ha recurrido a la palanca militar, enviando buques de guerra al Caribe en una flagrante demostración de fuerza.

Esta escalada pone fin a años de ataques imperialistas contra el gobierno bolivariano en Caracas, que comenzaron con amplias sanciones durante el gobierno del ex presidente estadounidense Barack Obama, se endurecieron a niveles sin precedentes durante el gobierno del presidente Donald Trump y se mantuvieron gracias a un consenso bipartidista.

Oficialmente, Washington presenta esto como parte de una amplia campaña antinarcóticos dirigida contra las llamadas organizaciones terroristas. Pero esta historia se desmorona al ser analizada a fondo. Lo que Estados Unidos realmente busca es un cambio de régimen y el control regional, apenas disimulado tras la retórica de la guerra contra las drogas.

Hoy a las 09:30 hs. todos y todas viendo y escuchando al periodista de Uruguay @EPreve de@M24radio, en «La Tapadita».
Difundirá los audios de la repostera golosa que el Gobierno prohíbe que sean transmitidos por nuestros medios.
Acá el stream Youtube para ver en vivo a @EPreve. Les esperamos.

La narrativa convencional de las relaciones internacionales presenta al «Estado fallido» como una anomalía, un desastre político, un vacío de poder; un territorio sumido en el caos donde la ley ha sido reemplazada por la violencia primaria y donde la comunidad internacional debe debatir, con una mezcla de conmiseración y fastidio, la posibilidad de una intervención humanitaria o de estabilización, dependiendo siempre de su beneficio estratégico inmediato. Los recientes casos de corrupción que acechan a su gobierno, incluyendo las acusaciones contra su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la contratación de funcionarios con sobresueldos en negro y la manipulación de la cadena de pagos del Estado, sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sacarles a los discapacitados para su bolsillo, no es una anomalía. Son la consecuencia natural de un proyecto que concibe el Estado no como un árbitro del bien común, sino como un botín a repartir entre los leales. La retórica anarcocapitalista de «destruir el Estado» se traduce, en la práctica, de entregar lo que queda de él.