No son solo los «pensadores» libertarios y sus acólitos. Existe un consenso historiográfico en que efectivamente hubo un sector de la intelectualidad francesa que, durante los años setenta, sostuvo posiciones hoy consideradas inaceptables respecto de las relaciones entre adultos y menores. También existe consenso en que esas posiciones fueron abandonadas posteriormente y que muchos de sus presupuestos fueron objeto de una fuerte revisión crítica. Lo que sigue siendo objeto de debate es cómo interpretar exactamente aquellas intervenciones: si constituyeron una defensa explícita de la pedofilia o si respondían —equivocadamente— a una concepción extrema de la liberación sexual y de la autonomía individual propia del clima cultural posterior a 1968.

La tesis central del artículo es que la «interdependencia confiable» constituye una respuesta geopolítica al ascenso de China, pero difícilmente pueda reemplazar la profunda interdependencia creada por décadas de globalización. Intentar separar las cadenas tecnológicas según criterios políticos genera mayores costos, nuevas vulnerabilidades y acelera la fragmentación del sistema económico internacional. Desde esta perspectiva, Pax Silica expresa la transición hacia un orden internacional caracterizado por la competencia entre bloques tecnológicos y por una creciente subordinación de la economía a los objetivos de seguridad nacional y de hegemonía estratégica de Estados Unidos

El conflicto por el Complejo Turístico de Embalse trasciende la administración de un predio estatal. Enfrenta dos concepciones sobre el papel del Estado: una que considera estos inmuebles activos económicos susceptibles de ser vendidos para reducir el gasto público y otra que los entiende como patrimonio social destinado a garantizar derechos, en este caso el acceso al turismo de los sectores populares. El artículo sostiene que el deterioro operativo del complejo no responde únicamente a restricciones presupuestarias sino a una estrategia de vaciamiento destinada a legitimar su posterior privatización, mientras el Gobierno enmarca la política de venta de inmuebles estatales dentro de un programa general de racionalización y enajenación de activos públicos.