Mirvis confirma las peores suposiciones de los antisemitas cuando sigue confundiendo a los judíos con Israel y utilizando su influencia para proteger a Israel de rendir cuentas por sus crímenes. El debate abierto en Gran Bretaña revela una operación política cada vez más visible: identificar la defensa de Israel con la defensa de los judíos y presentar cualquier sanción contra el Estado israelí como una amenaza para las comunidades judías. Jonathan Cook invierte esa lógica: advierte que confundir judaísmo con Israel no combate el antisemitismo, sino que puede reforzar precisamente la asociación colectiva que sostiene el prejuicio antijudío. La cuestión de fondo no es religiosa sino política: quién tiene derecho a definir qué posiciones son legítimamente judías y quién utiliza esa identidad para blindar relaciones de poder, ocupación y soberanía frente al escrutinio democrático. Y hay un fenómeno comparable en Argentina, aunque conviene formularlo con precisión: no se trata de afirmar que “la comunidad judía” actúa de una determinada manera, sino de analizar cómo determinados actores políticos y organizaciones utilizan la acusación de antisemitismo para establecer los límites de la crítica a Israel.
El caso argentino tiene además una particularidad: el gobierno de Javier Milei ha convertido su alineamiento con Israel en un componente explícito de su política exterior. Eso hace que la frontera entre crítica al Estado de Israel, crítica al sionismo, antisemitismo y oposición política al Gobierno sea particularmente disputada. La existencia de organizaciones que colocan explícitamente antisemitismo y antisionismo dentro de un mismo campo muestra hasta qué punto esa discusión está instalada.
En síntesis, cuando la defensa del gobierno de Israel se presenta como defensa de todos los judíos argentinos, la crítica a un gobierno extranjero puede convertirse artificialmente en una cuestión de identidad religiosa.
Y eso tiene consecuencias políticas. El debate deja de ser “¿qué está haciendo el gobierno de Israel?” para transformarse en “¿sos antisemita?”. Es un desplazamiento del objeto de discusión.
En el contexto actual, además, resulta especialmente significativo porque mientras algunos gobiernos europeos están sancionando productos vinculados a los asentamientos israelíes y procuran distinguir explícitamente esas medidas de una posición contra el pueblo israelí, en Argentina el Gobierno mantiene un alineamiento político particularmente estrecho con Israel.

El planteo de Michael Roberts que se publica permite leer el experimento de Milei desde una perspectiva diferente.
El discurso libertario afirma que el problema argentino es fundamentalmente el exceso de Estado, déficit, emisión, regulación e impuestos. Su respuesta consiste en reducir drásticamente la intervención estatal y confiar en que la recuperación de los incentivos permita reactivar la inversión privada.
Pero la pregunta sería otra: ¿qué ocurre si la inversión privada no responde simplemente a la reducción del Estado, sino a las expectativas de rentabilidad?
Entonces aparece una contradicción fundamental. Un Estado puede reducir salarios reales, gasto público y derechos laborales y, al mismo tiempo, generar condiciones muy favorables para determinados capitales concentrados —energía, minería, finanzas, infraestructura— sin que eso implique necesariamente una recuperación generalizada de la economía.
El problema no sería entonces Estado versus mercado, sino qué fracciones del capital se benefician de la intervención estatal y quién paga el costo de esa política.
Ese enfoque permite superar tanto el discurso neoliberal como cierto keynesianismo simplificado.
La pregunta “¿Está muerto el keynesianismo?” puede tener una respuesta más compleja:
No está muerto como política económica; está cuestionado como estrategia capaz de resolver las contradicciones estructurales del capitalismo.
El Estado todavía puede gastar, endeudarse, subsidiar, emitir, bajar tasas o invertir. Lo que resulta mucho más difícil es conseguir que esas herramientas modifiquen por sí mismas la lógica de acumulación.
Y allí está la diferencia entre Keynes y Marx: Keynes quería salvar al capitalismo de sus crisis; Marx intentó explicar por qué esas crisis son inherentes a su funcionamiento.
Para una perspectiva de clase, el debate actual no debería reducirse entonces a “más Estado” o “menos Estado”. La cuestión decisiva es qué Estado, al servicio de qué fracciones sociales, financiado por quién y orientado hacia qué estructura de acumulación.
Ese desplazamiento es particularmente potente para analizar el experimento Milei: porque permite sostener que la llamada “libertad económica” no elimina al Estado, sino que reordena su poder en favor de determinadas fracciones del capital.

Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder. Lo advirtió ya Cristina Kirchner que asumire el gobierno suponía un 25% del poder real, hoy no lo sabemos pero podemos imaginarlo.

La experiencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes?

La lectura de Nicos Poulantzas permite ir más allá de la idea del Estado como simple instrumento de la burguesía: el Estado capitalista es una condensación material de las relaciones de fuerza entre las clases, un terreno de disputa atravesado por contradicciones, pero estructurado de manera tal que contribuye a reproducir la dominación.

La experiencia colombiana analizada por Alfonso Insuasty Rodríguez y Juan Martorano constituye, desde esta perspectiva, es un laboratorio privilegiado para pensar también la Argentina de Milei y los límites de cualquier proyecto de transformación que confunda administrar el Estado con transformar las relaciones de poder.Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.

La evidencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes? Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.